Trabajo de www.lanacionweb.com
Con el reciente escándalo que ha afectado a PDVSA, y el cual ha tocado a Joselit Ramírez Camacho, quien era el Superintendente Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, el tema de las monedas virtuales vuelve al tapete, teniendo en cuenta que a su vez está ligado a los pagos de muchos bienes y servicios que ofrece el Estado venezolano.
Con bombos y platillos, el regimen anunció la inserción de Venezuela en el difuso mundo de los criptoactivos, creando su propia moneda virtual, el petro, que si bien su manejo ha sido muy escaso en las finanzas del venezolano de la calle, el mismo se ha convertido en referente a la hora de establecer tarifas de pago en diversas oficinas públicas.
Es por eso que los economistas ya han comenzado a dar su opinión sobre el asunto, y evaluar su impacto en un panorama que tanto nacional como internacionalmente se presenta muy difuso. En el 2022 y parte de lo que ha sido 2023, no han sido buenos tiempos para las criptomonedas, que han sufrido un desplome de su valor, al cual algunos analistas relacionan con la actual crisis bancaria mundial.
Como explica el economista Aldo Contreras, las criptomonedas fueron anunciadas oficialmente como el mecanismo idóneo para subsanar el impacto negativo de las sanciones económicas de Estados Unidos y Europa en la economía venezolana. No obstante, desde un tiempo atrás, era un secreto a voces la existencia de las famosas granjas para la minería de criptomonedas, a través de las cuales, aprovechando los que entonces eran los servicios de electricidad e internet más baratos del continente, se hacían negocios muy rentables, y que prácticamente permanecían clandestinos.
El argumento que utilizó el regimen con la creación del petro, que nunca fue una criptomoneda, ya siempre fue un token digital o un bono con vencimiento a futuro, fue evadir las sanciones financieras que reposaban sobre algunas personas del Gobierno e instituciones como el Banco Central. Este esquema financiero trajo como consecuencia la creación de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacript), única prácticamente en el mundo y se designó un superintendente que hoy que es la persona a la que se responsabiliza por la desaparición de 3 mil millones de dólares.
El uso de criptoactivos se suponía era una estrategia para hacerle una finta al bloqueo, y así poder vender petróleo y adquirir bienes y servicios del extranjero
Con esto, PDVSA y algunos organismos financieros crearon un esquema para captar recursos provenientes del exterior, fuera estos provenientes de la venta del petróleo y sus derivados, o financiamientos, o para el pago de proveedores de materias primas en el extranjero, entre otras situaciones que le permitiera al Estado pagar y cobrar bienes y servicios, así como mercancías, ya que los códigos SWIFT y ABA del BCV se encontraban sancionados por el Departamento del Tesoro y la Unión Europea, y esto imposibilitaba las transacciones de una economía abierta.
Esa unidad monetaria virtual, es decir, el petro, más allá de competir en el variado mercado de las criptomonedas, con el tiempo cobraría otro papel dentro de las finanzas públicas, que sí implicaría directamente al ciudadano, necesitado de los diversos servicios prestados por entes nacionales, regionales y municipales.
Así se fue dando hasta que se fue configurando una unidad de cuenta que indexaba el pago de bienes y servicios, sea en notarías, registros, multas, aranceles, tasas, contribuciones –el famoso anclaje al valor del petro de muchas tarifas públicas-. También se habló en algún momento que el salario iba a ser anclado al petro, que solo fue una promesa en cadena de televisión y nunca salió en Gaceta oficial.
Estableció el economista Contreras una equivalencia entre la cantidad que hasta los momentos se halla desaparecida de las arcas de PDVSA, según lo hasta ahora calculado por la Fiscalía de la República, y las carencias laborales en el pago de los trabajadores del sector público.
Tres mil millones de dólares es el monto que se esperaba se descongelasen en el exterior a partir de los diálogos de México y se inyectase en las universidades y escuelas públicas y al sistema eléctrico, sobre todo este como motor de la economía y de la reactivación de la industria. En el 2023 se esperaba que el Producto Interno Bruto llegase a unos 70 mil quinientos millones de dólares, o sea estamos hablando que 3 mil millones de dólares representa el 5 por ciento del PIB, y que pudo haber sido destinado a pagar a los jubilados o trabajadores de la administración pública con un salario de 100 dólares por seis meses.
¿Con el escándalo de la Superintendencia de Criptomonedas, ha quedado herido de muerte el petro? Aldo Contreras no ve muy posible ese escenario.
La verdad no creo que haya cambios, porque mientras las sanciones internacionales reposen sobre el BCV, seguirá siendo un mecanismo de pago. Claro, hay opacidad, no hubo contraloría y eso permitió ese robo. No creo que el regimen vaya a rectificar o cambiar su política de indexación de tributos, aranceles, tasas y contribuciones. Veo una reestructuración de la Superintendencias de los Criptoactivos y las monedas conexas con nuevos gerentes y administradores. De hecho en los estados centrales y orientales de Venezuela, y eso es una realidad, viven de la minería del Bitcoin y otras criptomonedas, y cuyo monopolio se maneja desde la Sunacrip.
En un escenario de sanciones, el regimen seguirá buscando formas para saltarse el corredor financiero que le es impuesto, pero para muchos economistas esta circunstancia no debería justificar que Venezuela tenga uno de los salarios mínimos más bajos del mundo.
Es cierto que Venezuela tiene más de 900 sanciones, pero países como Rusia que tiene más 14 mil sanciones, cuentan un salario mínimo de 213 dólares, mientras en Venezuela es de 5. El primer trimestre del año la economía venezolana ha sufrido un enfriamiento con una caída en el consumo en los comercios que ha sido del 20 %, y desafortunadamente esa burbuja de la Venezuela Premium por la que estaba transitando dólares frescos, está desapareciendo. De otra parte ha sido prorrogado el Impuesto de las Grandes Transacciones Financieras a los pagos que se hagan en divisas, y en este panorama es más complicado vender y comprar, y propicia el cierre de muchas unidades de negocios, que en Venezuela tienen un promedio de 24 meses de vida. Estamos en medio de una economía sin créditos, asfixiada y bajo los efectos de una economía global que pasa por una recesión económica y una crisis de bancaria global, que a su vez incide en el flujo de remesas que entra a Venezuela y la contracción del consumo por los bajos sueldos en la administración privada.
Alrededor de la polémica otro asunto por resolver sería el capital invertido por el Estado venezolano en criptoactivos, así como lo gastado en el soporte tecnológico que se requiere para procesar las transacciones con las mismas. Para los especialistas estás cifras como muchas más hacen parte de esa caja negra en que se hayan inmersas las financias nacionales.
Esas son otras cifras escondidas. De hecho nunca más se volvió a actualizar el PIB en el Banco Central, ni las de desempleo en el INE. Tampoco por lo tanto no se sabe ni cuánto recurso hay en petros, ni cuánto se cobró con petro, ni nada por el estilo.
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