Hay una noticia esperanzadora acerca de la justicia internacional: la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI), informó que más de dos mil formularios de denuncias recabados de las víctimas de Venezuela llegaron a dicha Sección debido a la convocatoria que realizó que la Sala de Cuestiones Previas de la misma CPI, la cual instó al Fiscal Karin Khan para que persistiera en la averiguación que està realizando sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte de funcionarios policiales y militares, investigación que incluye a los altos mandos de esos componente, lo cual implica ministros y al propio presidente de la República.
Pero el número de víctimas denunciantes alcanza a varios miles pues muchos de los formularios son denuncias colectivas de varias persona detenidas ilegalmente, lesionadas, torturadas, violadas, existiendo denuncias por tal trato de personas fallecidas realizadas por familiares o allegados. Esta tarea es un logro del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela, que a través de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, inicio este prolongado camino para obtener la jurisdicción alternativa representada por la CPI con vista en la impunidad de tales crímenes en nuestro país.
Como ya lo hemos escrito en otras oportunidades es conveniente recordar que el artículo primero del Estatuto de Roma, suscrito por Venezuela y por tanto sometida a sus normas, establece que la CPI tendrá “carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”. Esto quiere decir que cuando el Poder Judicial y los órganos de investigación de los países que suscribieron el Estatuto no quieran o no puedan ejercer sus funciones dirigidas a averiguar y sancionar la perpetración de estos crímenes, la CPI colaborará para que esos órganos cumplan con su deber y si esto no es posible, sencillamente los sustituirá tomando para si la investigación y el castigo de los criminales.
La primitiva idea de la soberanía nacional, mediante la cual los órganos de la administración pública estatal son totalmente autónomos no pudiendo ser sometidos a órdenes provenientes de otras fuentes de poder, ha quedado totalmente superada a través de los adelantos del Derecho Internacional Público y de los acuerdos y tratados que se realizan con base en convenios que se efectúan con otros países o con organismos internacionales, como es el caso del Estatuto de Roma promovido nada menos y nada más que por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aquella idea que sobre el Tribunal Supremo de Justicia sòlo la Corte Celestial, quedó para mentes arcaicas o países de regímenes arbitrarios o tiránicos, como es el caso de nuestro país, que reiteradamente se ha negado a acatar el contenido de sentencias de órganos internacionales, como por ejemplo de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. En este asunto el extinto Comandante Eterno llegó al extremo de denunciar el Tratado en cuestión, quedando nuestro país fuera de la jurisdicción interamericana de Derechos Humanos, pero con la obligación permanente de cumplir con las órdenes emanadas de las sentencias dictadas antes de la salida del pacto.
Otra noticia que le da fuerza a nuestras esperanzas de justicia es la orden de detención dictada por la CPI contra Vladimir Putin por la perpetración de crímenes de guerra, tirano ruso que ha puesto en peligro la paz mundial con su actitud despótica al invadir a Ucrania. Otra idea desaparecida es lo intocable de la figura de presidentes en ejercicio de países en los cuales se cometen tales crímenes y en los que ellos están involucrados. No es un secreto que ministros y el propio presidente de la República de Venezuela están incursos en crímenes de la competencia de la CPI, en este caso en crímenes de lesa humanidad. La justicia internacional ha tardado, como suele suceder en los procesos judiciales, pero inexorablemente se acerca con su poder represivo a quienes han violentado los Derechos Humanos de miles de nuestros ciudadanos.
Las actuales detenciones de altos personeros de la nomenclatura oficialista, antes que abonar crédito y legitimación a las actuaciones del Poder Judicial venezolano son una prueba palmaria de la impunidad existente en Venezuela y que solamente puede verse una acción de esta instancia cuando se ventilan diferencias entre los grupos que detentan el poder de facto, de lo contrario persiste una lenidad vergonzosa.
Pero lo cierto es que el agujero negro de la debacle del régimen toma nuevos espacios, tal como la pobreza que indujeron en toda la población y que más temprano que tarde producirà el agotamiento del esquema oprobioso de dominación. Todo avanza en el sentido de un cambio democrático: la unidad opositora en las primarias, el colapso interno del oficialismo y junto a ello, el paso inexorable, lento, pero implacable de la justicia internacional. Cómo escriben los cristianos sobre las piedras de solitarias carreteras: “el fin se acerca”.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
