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A propósito de la conmemoración este 23 de marzo del Día Mundial del Agua, Amnistía Internacional destacó que en Venezuela las fallas en el suministro del líquido son una de las principales causas de protesta en las comunidades.
En un mensaje compartido en su cuenta en Twitter, enfatizaron también que las mujeres sufren una afectación diferenciada por la escasez del líquido en el país.
«Son ellas las principales recolectoras del agua para el aseo del hogar, de las personas que tienen bajo su cuidado y de la preparación de alimentos», describen.
Añaden en la pieza gráfica que la salud física de ellas resulta afectada por recoger y cargar agua y que la higiene menstrual también se complica cuando falla el suministro.
En este sentido, le recuerdan al Estado venezolano su responsabilidad en garantizar «el acceso al agua continua e inocua para todas las personas».
Por su parte, Provea recalcó que aunque Venezuela posee una riqueza de agua única en el planeta, la mayoría de los ciudadanos no recibe agua constantemente y la calidad de la que llega es cuestionable.
Este informe, preparado con el apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, la ONG recogió datos del Diagnóstico Comunitario de HumVenezuela de 2022, en el que se identificó que 19,1 millones de personas (66,6 % de la población) necesitaba conexión a un servicio de agua suministrado de forma regular.
«La población más afectada está constituida por 15,9 millones (55,4 %) quienes reportaron semanas y hasta meses sin recibir agua corriente y debían recurrir a fuentes alternativas de abastecimiento no seguras como pilas públicas, manantiales, ríos, caños y camiones cisternas. 21,2 millones de personas», destacan.
Además, denuncian que 73,9 % de la población venezolana está expuesta a aguas con señales de contaminación y 4,4 millones no tenía los medios para usar métodos de
purificación.
«La cantidad de agua distribuida disminuyó en un 60 %, el 90 % de los embalses que almacenan agua para potabilizar están funcionando mal. Unos inoperativos, otros eutrofizados, colmatados, o contaminados de alguna forma. El 99 % de las plantas potabilizadoras tampoco están bien, porque su infraestructura está dañada, o porque no cuentan con los insumos necesarios para potabilizar el agua como se debe. En estas condiciones es muy difícil que pueda haber un servicio de agua potable estable y seguro, por lo tanto los hospitales, las escuelas, los centros de reclusión y oficinas públicas no cuentan con el servicio confiable de agua y saneamiento», advierte el informe.
Grifos secos y promesas al aire
El 5 de agosto de 2022, el gobernante Nicolás Maduro se fijó como meta recuperar los servicios públicos y hasta lanzó una fecha tope para las mejoras: finales de 2022.
«He puesto una meta suave: 95 % del servicio de agua tiene que llegar a cada hogar venezolano. Ustedes me responden por esta orden», instó Maduro públicamente a sus ministros.
Pero 2022 se terminó, la promesa se esfumó y los grifos seguían secos. De acuerdo con el reporte anual del Observatorio Social Humanitario, el suministro continuo del agua en Venezuela disminuyó de 30 % a principios de 2022 a 23 % al final del año.
Solo tres hogares de cada 10 pueden manifestar que reciben un suministro continuo -que no diario- del agua.
Por su parte, un reporte del Observatorio de Gasto Público de Cedice sobre el año 2022 indica que solo el 1 % de la población recibe agua de forma continua por sistema de tuberías los siete días de la semana y solo 61 % tiene el servicio cada tres o cuatro días.
La falta de agua afecta con mayor rigor a los ciudadanos de Carabobo, Falcón, Miranda y Nueva Esparta, “en donde hay localidades que pueden estar una semana sin suministro de agua (…) En Venezuela existen 91 embalses para la recolección de agua y 86 de ellos están fuera de servicio”, precisa el documento.
De acuerdo con los cálculos de Cedice, se requieren $1400 millones para recuperar el servicio del agua en el país: 30 % de los recursos para saneamiento, 50 % tratamiento, transporte y cobertura, 20 % monitoreo preventivo, en un lapso de entre 3 y 5 años.
La cifra es la mitad de los $3000 millones que se desaparecieron por venta de petróleo en Pdvsa en 2022, y por los que el gobierno inició una «purga» anticorrupción, que derivó en la renuncia del ministro del Petróleo.
Agua de mala calidad
En un reportaje publicado en nuestro sitio web en octubre de 2022 por la periodista Yeannaly Fermín, el ingeniero José María de Viana, expresidente de Hidrocapital y experto en políticas públicas, explicó que dos factores están afectando la calidad del agua en Venezuela.
La primera causa es que las plantas de tratamiento donde se llevan a cabo todos los procesos para potabilizar el agua están dañadas y no se les hace mantenimiento.
La época de lluvias también incide en el color del agua debido a que, cuando hay precipitaciones, el líquido viene cargado de sedimentos y se observa de color marrón.
Pero, además de los procesos físicos que deben aplicarse al agua, se tienen que utilizar unos reactivos químicos para ayudar en el proceso.
“En el tratamiento de agua en todo el mundo se utiliza sulfato de aluminio, que la gente lo conoce como alumbre, que es un compuesto del aluminio que se utiliza para clarificar el agua. El alumbre ayuda a que las partículas más pequeñas se junten y se precipiten al fondo de las piscinas de las plantas de tratamiento. Si eso no funciona, el material no se precipita adecuadamente”, dijo el experto.
El expresidente de Hidrocapital aseguró que otro reactivo importante que está faltando en el proceso de potabilización es el gas cloro que se utiliza para desinfectar. Tanto el gas cloro como el alumbre se producen en la refinería El Tablazo, que apenas produce actualmente gasolina.
“No hay producción suficiente de cloro, pero tampoco hay producción suficiente de alumbre, porque el alumbre se produce con ácido sulfúrico y con bauxita y ambos principios los produce la refinería. La bauxita la produce Bauxiven, ambas compañías están en manos del gobierno y funcionando a medias”, explicó De Viana.
¿Cuáles leyes se incumplen con la falta de agua?
En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, bajo la premisa de que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) no lo consagra textualmente como derecho humano, pero en su artículo 82, reconoce el derecho de toda persona «a disponer de una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica y con servicios básicos esenciales», dentro de los que se incluye el acceso al agua.
En el artículo 117 de la Carta Magna, también se reconoce el derecho a disfrutar de bienes y servicios de calidad. El artículo 127 de la Carta Magna contempla también la obligación de proteger el ambiente para las generaciones futuras, mientras que el 304 de la Constitución y el 6 de la Ley de Aguas disponen que todas las aguas sean consideradas dominio público y que sean protegidas por el Estado.
Además, Venezuela cuenta con una Ley Orgánica de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y de Saneamiento (Gaceta Oficial Nº No. 5.568 de 31.12.2001) que regula la prestación de los servicios públicos de agua potable y de saneamiento.
En su artículo 3 esta dispone como uno de sus principios «la preservación de la salud pública, el recurso hídrico y el ambiente, asegurando el acceso de todos los ciudadanos; con la adopción de modelos de gestión basados en calidad, eficiencia, confiabilidad, equidad, no discriminación y rentabilidad en un ambiente de transparencia».
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