Esta es la primera vez que el régimen no protege, ni oculta a sus propios corruptos, sino que ordena detenerlos, declaró el ingeniero Daniel Orellana, máximo dirigente de Voluntad Popular en el estado Lara.
De este modo se refirió a la aprehensión de Cristóbal Cornieles Pérez, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas y primer suplente del Tribunal Supremo de Justicia y consultor jurídico de la Asamblea Nacional; José Mascimino Márquez García, juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al terrorismo en el Circuito Judicial Penal de Caracas; a Joselit Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos; al coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministros de Calidad de Pdvsa; y Hugbel Ríos, exministro de Educación Superior y diputado de la Asamblea Nacional, todos ellos presuntamente complicados en una trama de corrupción.
Esta situación ha arrastrado al ministro Tareck el Aissami, responsable de Pdvsa, quien ha renunciado por no haber estado pendiente de lo que estaba pasando muy cerca de él.
Pero, esas acciones no mejoran la imagen del régimen porque no es de ahora cuando se sabe de hechos de corrupción, sino desde el propio comienzo de la llamada revolución bolivariana, agregó el dirigente político.
Es un grave problema el de la corrupción, asintió. Pero, también el de los servicios públicos como consecuencia de ese mal enquistado en la administración pública. Y el de la negligencia, el de la violación constante de la Constitución como está ocurriendo con el abandono de la salud y de la educación, motivo por el cual los educadores, sobre todo, están en la calle y se niegan a cumplir con su trabajo porque la Onapre les ha arrebatado sus sueldos y beneficios logrados durante décadas de lucha.
En lo inmediato, es de esperarse que de verdad actúe la justicia, que por cierto ha sido muy cuestionada porque incluso quien fuera presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha sido señalado de haber utilizado su cargo para manipular decisiones.
De modo, pues, que para la población, mientras se cumplen los procesos de administración de justicia, lo que más importa es que comiencen a ser resueltos problemas muy graves como el educativo, ya que no sólo están siendo afectados los educadores y trabajadores de la educación, sino los propios educandos, ya que no están recibiendo sus clases en forma completa porque las propias autoridades han decidido que los docentes vayan sólo dos día de la semana a dar clases, lo que es una irresponsabilidad, porque lo que han debido hacer es atender el reclamo que se les está haciendo de pagar lo que dice la Constitución: salarios suficientes para cubrir las necesidades del trabajador y su familia.
