Los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas deben estar en el centro de la respuesta internacional, proponen en un comunicado un grupo de organizaciones de la sociedad civil y diversas personalidades, con motivo de la celebración entre el 16 y 17 de marzo de la de la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes venezolanos y sus países y comunidades de acogida.
Advierten sobre la necesidad de dar una mirada ampliada a la respuesta ante las necesidades que sufren la población migrante y refugiada venezolana en los países de acogida. En este sentido, hacen un llamado a los participantes de la Conferencia, a pensar en una respuesta que contemple los siguientes principios:
1. La respuesta de atención a la crisis de movilidad humana venezolana debe tener perspectiva de derechos y que estén en el centro de la acción. La acción y asistencia humanitarias deben partir de un enfoque en derechos humanos. La asistencia humanitaria debe ser más que una respuesta de financiamiento a los efectos de la crisis de movilidad y el impacto significativo en los países de acogida. Debe tomar en cuenta el contexto que originó la crisis y la importancia de garantizar la dignidad y los derechos humanos de las personas afectadas, con el fin último de construir una respuesta sostenible y duradera y que garantice el ejercicio de derechos.
De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, el número de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo alcanzó en febrero la cifra de 7.177.885 personas. Esta crisis de movilidad masiva, sin comparación en la historia reciente de nuestro hemisferio, responde al impacto que ocasiona en la población la emergencia humanitaria compleja que sigue atravesando Venezuela, impactando directamente en el libre ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población.
Así pues, partiendo de que el origen de la crisis de movilidad venezolana es la EHC, sería un despropósito concentrar las acciones para afrontarla solamente a la asistencia humanitaria a las personas migrantes y refugiadas, desconectándose de la realidad del país de origen. La persistencia de la crisis de movilidad es evidencia de que el enfoque meramente humanitario no ha sido suficiente, así como tampoco las medidas que han tomado los Estados para afrontarlo. Esta situación nos invita nuevamente a reflexionar sobre la necesidad de que las acciones a emprender involucren otros aspectos esenciales, que permitan dar una respuesta urgente, coordinada e integral a esta crisis.
También es necesario resaltar, que la crisis de refugiados y migrantes venezolanos no solo es una de las menos financiadas por la comunidad internacional, sino que, además, las políticas implementadas por los Estados receptores para enfrentarla se han visto empañadas por prácticas inadecuadas que violan los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Sólo una respuesta que considere tanto las causas como los efectos, que esté adecuadamente financiada y que tenga en el centro a los derechos humanos, contribuirá de manera efectiva y duradera a transformar la realidad de las personas afectadas por la EHC, incluidas las personas en movilidad.
2. Es necesario erradicar prácticas inadecuadas y sustituirlas por prácticas solidarias enmarcadas en el derecho de las personas refugiadas. Recientemente, frente las medidas de expulsión y retorno ilegal de las personas migrantes y refugiadas en virtud de las políticas como el “Título 42”, 94 organizaciones de sociedad civil de las Américas hicieron un llamado a los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá, instándolos a promover una gestión humana de la migración, garantizando derechos como el asilo, el principio de no devolución y creando vías migratorias complementarias más seguras y humanas.
Reiteramos el llamado y la necesidad de estas buenas prácticas, de expresiones concretas de solidaridad, de asistencia, protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas migrantes y refugiadas.
3. Se deben garantizar los derechos a la identidad y a la participación de las personas venezolanas en movilidad. En la medida que el fenómeno migratorio venezolano evoluciona, se presentan nuevos retos en cuanto a la garantía del derecho de la identidad, específicamente en su esfera relacionada con el derecho a acceder a documentos de identificación. En el caso de las personas en movilidad, es particularmente importante la garantía del derecho a la identidad, en virtud de la condición de vulnerabilidad estructural que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en los países de tránsito y acogida, siendo la documentación sobre su identidad un elemento fundamental para mitigar riesgos y acceder a derechos en contextos donde su seguridad, integridad y libre desenvolvimiento dependen estrechamente de que este derecho esté garantizado.
Así mismo, la posibilidad de acceder a mecanismos de regularización migratoria está relacionada a la posesión de documentos de identidad. Esto a su vez está vinculado a la posibilidad de acceder a muchos otros derechos, como lo son el empleo formal, la salud, la educación y, dada la normativa electoral vigente en Venezuela, también es condición para ejercer el derecho al voto desde el extranjero. Es fundamental que la comunidad democrática internacional pueda de forma coordinada promover, incentivar y proteger el derecho a la identidad y de participación política de la población migrante y refugiada venezolana.
Hemos constatado que existe un compromiso con la vía democrática entre los venezolanos y venezolanas migrantes y refugiados. Sin embargo, el Estado venezolano no garantiza los derechos a los ciudadanos que se encuentran en el exterior. Del total de venezolanos y venezolanas que se encuentran en el exterior solo 107.927 están inscritos en el registro electoral y por tanto podrían ejercer el derecho al voto en los países de acogida, entre tanto, el Estado mantiene el registro electoral cerrado para la inscripción o actualización de datos de los ciudadanos venezolanos en el exterior. Además, no existen canales de comunicación claros con los consulados, lo que dificulta la obtención de información y la realización de trámites, los cuales además son muy costosos. Todo este contexto imposibilita el pleno ejercicio de los derechos de la población migrante y refugiada venezolana.
En este sentido, insistimos en la necesidad por parte del Estado venezolano y de los países de acogida de establecer y facilitar mecanismos que permitan a los ciudadanos venezolanos en el exterior, contar con documentos de identidad, tener vías legales para la regularización migratoria, y ejercer su derecho a la participación política de forma segura, transparente y efectiva.
4. Los procesos organizativos de los venezolanos en el exterior deben ser tomados en cuenta en la elaboración de cualquier respuesta a la crisis de movilidad. Por último, es fundamental resaltar que la población migrante y refugiada está organizada y activa, dando respuesta a las necesidades de sus connacionales vulnerables en múltiples ciudades alrededor del mundo. Los esfuerzos de miles de organizaciones de venezolanos han sido invisibilizados en los espacios más influyentes donde se gestan las respuestas a gran escala a esta crisis. Invitamos a que estas voces, líderes en sus comunidades y con gran experticia para compartir, sean escuchadas y reivindicadas en los planes de respuesta que pretendan ofrecer soluciones de atención, con perspectiva de derechos, y en las que la población atendida sea protagonista del proceso.
