Tamara Suju, directora ejecutiva del observatorio de derechos humanos del Centro de Estudios para América Latina, informó a través de su cuenta Twitter que la corte penal internacional recibió unos 2.000 formularios y videos de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
“Estas constancias serán emitidas en las siguientes semanas. Toda la información recibida se trata de manera estrictamente confidencial. Esta se registra en una base de datos segura, a la que únicamente el personal autorizado de la Secretaría de la CPI tiene acceso”, comentó.
La abogada también destacó que uno de los aspectos fundamentales de esta investigación es que el régimen venezolano no tiene acceso a estas denuncias, debido a que se pretende realizar una investigación imparcial frente a estos abusos.
“El Gobierno de Venezuela no tendrá acceso. La versión pública del informe no contendrá ningún tipo de información con la que se pueda identificar a las víctimas y/o a organizaciones que hayan participado, la seguridad de las víctimas y quienes les asisten es primordial. No deben tomar ningún riesgo y no deben mencionar su interacción con la CPI públicamente, puesto que la confidencialidad y la discreción son las mejores maneras de protegerlos en esta etapa del proceso”, expresó.
