El tribunal que juzgó y condenó a la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, manifestó que la pena de seis años de prisión que dictó en su contra es insuficiente para un hecho de corrupción “sin precedentes”.
Los tres jueces que a finales del año pasado sentenciaron a Fernández de Kirchner con la máxima pena prevista en el código penal y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por una defraudación al Estado equivalente a unos 400 millones de dólares en obras viales entre 2003 y 2015, así lo dieron a conocer este pasado jueves los fundamentos de su resolución.
En el escrito de más de 1.600 hojas, los magistrados expresan que se analizaron “de un grave hecho de corrupción sin precedentes, ocurrido desde la primera línea del Estado Nacional” y que por ello mismo “creemos que la justa sanción para este tamaño de suceso debería superar con creces el máximo de la escala penal habilitada por la ley”.
Lee también: EEUU: Cámara vota por dar a conocer públicamente orígenes del COVID-19
La vicepresidenta, de 70 años, seguirá en libertad y en funciones hasta que la Corte Suprema de Justicia haga firme la sentencia.
Según el tribunal, durante el juicio oral quedó acreditado “la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional… En convivencia con un empresario de la construcción dedicada a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) –fallecido en 2010– y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)”.
Lázaro Báez, el responsable de la empresa favorecida con 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, “cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional y luego los destinaba a operaciones privadas con la expresidenta de la nación, quien ayudó y facilitó la erogación de ese dinero guiado por un claro interés personal”.
Para el tribunal, “los hechos de corrupción como los que aquí juzgamos, ponen en jaque al sistema democrático” y deben ser castigados con esa misma intensidad”.
La vicepresidenta afirmó que las sospechas no tenían sustento jurídico y que se basan en mentiras. La dirigente centro-izquierdista se esperó una persecución de sectores judiciales confabulados con su sucesor en el poder, el expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019), para socavar su popularidad y apartarla de la escena política.
