Un total de 374 situaciones, en las que se reportaron 708 ataques a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, revela el monitoreo independiente realizado por COFAVIC durante el período enero de 2022-enero de 2023, entre los que destacan la intimidación, restricción de la exigencia de derechos laborales, cierres de medios de comunicación, censura, detenciones arbitrarias, difamación y estigmatización, entre otros, restringiéndose así su accionar en el país.
Revela la información que durante el análisis de los datos registrados, se pudo observar que entre los presuntos responsables de los ataques en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos se encontraron; las instituciones públicas con el 29.2% de los ataques, seguidas por las fuerzas de seguridad del Estado con el 27.1%, los líderes del partido de gobierno con el 19.1%, los medios digitales con el 6.4%, los funcionarios públicos con el 4.5%, los grupos irregulares con el 4.5% y los tribunales con el 2.5% ataques del total de la muestra registrada.
Adicional a ello, han construido una cronología acerca de la serie de restricciones (en particular, administrativas y jurídicas) que el Estado ha impuesto a la gestión de las labores de defensa de derechos humanos en Venezuela, sistemáticamente desde el año 2000 a la actualidad. Es evidente, que la más reciente Ley AntiONG configura la mayor amenaza registrada en el país contra la existencia de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, y el accionar libre e independiente de personas defensoras de derechos humanos y actores humanitarios.
Se entenderá como situación el hecho en el que se produce uno o más ataques en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Se recuerda que el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines el cual fue aprobado el 24 de enero de 2023 en primera discusión en la Asamblea Nacional.
