Cientos de peruanos bloquearon el viernes una vía clave de acceso a la capital en una nueva jornada de protestas contra el gobierno, en que piden la renuncia de la mandataria Dina Boluarte y de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones más multitudinarias se dieron entre diciembre y mediados de febrero.
Los manifestantes opositores colocaron piedras e incendiaron neumáticos en la Carretera Central, una vía que une los Andes centrales con Lima. Varias metros de la vía quedaron bloqueados mientras los integrantes de la protesta gritaban “Dina, asesina, el pueblo te repudia”.
La policía llegó una hora después y lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, que escaparon por las calles de Huaycán, una barriada que creció hace casi 40 años alrededor de la carretera. Rebeca, una mujer que participaba en la protesta pero no brindó su apellido por temor a las autoridades peruanas, indicó a The Associated Press que el gobierno “no escucha al pueblo” y el Parlamento “está de espaldas”.
En la víspera, la policía dispersó en los alrededores de una plaza del centro histórico de Lima a manifestantes que llegaron a protestar desde la región Puno, donde el 9 de enero murieron 18 civiles en enfrentamientos con la policía. Fue la jornada con más víctimas de los casi tres meses de protestas.
Imágenes de video mostraron en la víspera a la policía lanzar gases lacrimógenos a corta distancia contra el encabezado de la protesta, en donde iban mujeres de Puno con sus hijos pequeños en sus espaldas, una tradición en los Andes. También hubo un breve choque de manifestantes con policías en una zona acomodada de Lima, que dejaron al menos dos civiles heridos en los brazos y piernas.
Las manifestaciones en el centro histórico limeño están prohibidas desde mediados de febrero por una ley del municipio capitalino, liderado por el alcalde conservador Rafael López, que es accionista del tren que lleva turistas a la ciudadela de piedra inca de Machu Picchu y al lago Titicaca, entre Perú y Bolivia.
La ley municipal declara que es una “zona intangible” para el desarrollo de marchas y manifestaciones. “Todas las marchas tendrán que ser prohibidas”, explicó a la prensa en febrero el teniente alcalde Renzo Reggiardo. Añadió en su momento que la norma busca “que la paz y tranquilidad vuelva a nuestras calles, que el principio de autoridad vuelva ya que se ha perdido en el país”.
Las manifestaciones en Perú empezaron el 7 de diciembre cuando Boluarte asumió el poder luego de que su antecesor Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, fuera destituido por el Parlamento tras intentar disolver el Congreso para evitar una votación sobre su remoción del cargo. Las protestas se ampliaron a Lima en enero con pobladores que llegaron desde los Andes, sobre todo del sur, pero las manifestaciones disminuyeron a mediados de febrero.
Boluarte asegura que no renunciará hasta que se elija a su sucesor en elecciones adelantadas y el Congreso ha archivado cuatro proyectos de adelanto de elecciones, incluida una del gobierno. Las dos últimas propuestas fijaban en octubre y diciembre el llamado a las urnas, pero fueron desechadas por el Parlamento.
El martes en Washington el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, dijo en una charla en la Universidad George Washington que esperaba que Boluarte y el Parlamento peruano “puedan llegar a un acuerdo para avanzar las elecciones y que los peruanos puedan confiar en la democracia”.
Las protestas suman un total de 60 fallecidos en su mayoría manifestantes, según la Defensoría del Pueblo. De ese total 48 son víctimas de choques directos con las fuerzas de seguridad.
