La administración de Nicolás Maduro, denunció este martes 28 de febrero la existencia de supuestos vínculos entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y organizaciones que nutren la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad que pesa sobre el país sudamericano por las protestas de 2017 en las que murieron 120 personas.
Según un comunicado divulgado por representantes oficialistas, que no aporta detalles, existirían “vínculos probados de la fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto”.
Eso pone en “duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”, según el mensaje de denuncia.
Los cuestionamientos de Venezuela contra la CPI, con sede en La Haya, se produjeron justo el día en que vence el plazo para que el país presente sus argumentos en contra de la investigación formal abierta en noviembre de 2021.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, solicitó en noviembre pasado la reapertura de su investigación sobre las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolana bajo el mandato de Maduro durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017. Seis meses antes de la solicitud para reabrir la pesquisa, Venezuela había solicitado a la CPI que difiriese la investigación contra las autoridades venezolanas.
La CPI es una instancia de último recurso que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad.
Aunque la Corte ha reconocido que las autoridades venezolanas han emprendido reformas legales, consideró que “siguen teniendo un alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procesos potencialmente relevantes”.
La administración nacional, por su parte, sostuvo que su sistema judicial se encuentra activado permanentemente para garantizar la justicia bajo su jurisdicción y rechazó las acusaciones sobre la falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos como “gratuitas e inveraces”.
