El director de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, aseguró que el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, promovido por la Asamblea Nacional Chavista, busca anular la libertad de asociación.
En este sentido, señaló que el mismo contempla reglas graves, en las que se permitiría a funcionarios públicos ser miembros de las ONG, lo cual representaría una intervención del derecho de asociación.
“Es una ley que anula la libertad de asociación, se estatizan las asociaciones civiles, pasan de un régimen de notificación a un régimen de autorización y exige 20 requisitos para que las ONG puedan inscribirse y convierte esto en una acción de autorización anual”, explicó Daniel.
Asimismo, resaltó la gravedad que representaría la incursión de los funcionarios públicos dentro de las mismas. “Dice que se podría obligar a una ONG a aceptar a un funcionario público, con lo que el derecho de asociación quedaría intervenido”, detalló.
Daniels precisó que la sociedad se encuentra en alarma, por lo que han emprendido una gira por el país, para explicar las consecuencias del proyecto de Ley, que afectaría entre otras cosas la ayuda humanitaria y perseguiría el hecho de ilegalizar las ONG para que no puedan funcionar en el país.
“La sociedad civil está en estado de alarma, por lo que estamos haciendo talleres para explicar el proyecto de ley, sus alcances y peligros. Hemos hecho comunicaciones a varios relatores de la ONU y hemos hecho las denuncias respectivas”, comentó.
“Son las ONG las que al final ejecutan la ayuda humanitaria y por eso los perjudicados son los beneficiarios de estas organizaciones. El proyecto de Ley llega a ser tan alienante que es de imposible cumplimiento, por lo que les será fácil ilegalizarlas” , concluyó.
