Las comunidades están apoyando a los trabajadores de la educación en todo el país y no han permitido la incorporación de partidarios del gobierno a las aulas, porque éstos no están formados para cumplir funciones de educadores, dio a conocer Frank Andrade, secretario nacional de conflicto del Colegio de Profesores de Venezuela.
Ninguna persona extraña a la educación puede hacerlo, de acuerdo al artículo 104 de la Constitución, según el cual la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica, agregó. Es por ello que los mismos padres y representantes han sido los encargados de impedir que individuos no idóneos, ni capacitados para el servicio educativo asuman esa función en momentos en que los educadores y demás trabajadores de la educación están realizando su lucha reivindicativa.
Los padres y representantes se han hecho presentes en los planteles y se han opuesto a que esas personas que no están preparadas para impartir educación, traten de hacerlo como si esa fuese una labor cualquiera.
Esta movilización de los educadores y, en general, de los trabajadores de la educación se ha convertido en una lucha de conciencia, explicó. Ya no es solamente por la obtención de un salario que satisfaga las necesidades de estos trabajadores y sus familiares, sino por lograr el mejoramiento de la educación.
Al mismo tiempo, esta es una lucha por diez millones de ciudadanos dependientes de la administración pública, que están padeciendo las mismas condiciones precarias económicas, porque el salario mínimo no alcanza ni siquiera para comprar un kilogramo de café.
Lo más importante es que esta lucha está trascendiendo al ámbito de los docentes, porque la misma comunidad está padeciendo hambre.
El viernes de la semana pasada cumplimos un mes en la calle y los trabajadores de la educación continuarán protestando, reclamando y firmes en su planteamiento reivindicativo.
Las autoridades educativas habían ofrecido hacer una reunión el viernes en el Ministerio del Trabajo, pero repentinamente la suspendieron porque, hasta el momento, no tienen la disposición de conversar con las federaciones para seguir la discusión de la tercera convención colectiva.
Lo peor de todo este proceso de conversaciones es que el ministro del Trabajo, quien debería ser árbitro entre las partes, actúa como si él fuese patrono.
En este sentido el 18 de agosto del 2018, a través del instructivo 2792, el Ministerio del Trabajo y la Oficina Nacional de Presupuesto, eliminaron, prácticamente, los contratos colectivos y desconocen a los gremios, porque se imponen un salario mínimo por parte del Ejecutivo y las tablas salariales aplanadas, de modo que todos los trabajadores de la administración pública son sometidos a devengar miserables ingresos.
De esta forma el régimen pasa por encima de la Constitución, ya que violenta el artículo 92, que garantiza las prestaciones sociales, el salario y el pago de intereses a las deudas contraídas con los trabajadores.
A través del instructivo 2792 fue eliminado el HCM, seguro funerario y todos los beneficios contractuales.
La semana pasada el régimen, utilizando la Asamblea Nacional, ha aprobado la ley de participación de los estudiantes con el fin de que éstos sean instrumentos del oficialismo para impedir la lucha de los educadores.
En esa ley no se habla de que los alumnos tengan buenas edificaciones, buenos laboratorios, buenas canchas, internet y equipos de avance tecnológicos, sino en manipular a los estudiantes y convertirlos en fuerza de choque para que los educadores no puedan reclamar los derechos que, precisamente, están contemplados en la propia Constitución y que son irrenunciables.
Es por eso que la lucha continuará hasta lograr restablecer los derechos que han sido conculcados y por eso los educadores han convertido las calles en aulas de clases, porque están enseñando que los derechos se conquistan luchando, no mendigando, ni arrodillados, enfatizó el profesor Andrade.
