De acuerdo a testimonios y pruebas que tiene la fiscalía que está acusando al empresario colombiano Alex Saab, de haber desviado 350 millones de dólares en operaciones delictivas de lavado de dinero, será imposible que prosperen las gestiones que lleve a cabo el régimen venezolano y organizaciones afines a éste, declaró el doctor Miguel Soto, quien le ha hecho un seguimiento al caso desde que el acusado fuera detenido en Cabo Verde y luego extraditado a los Estados Unidos, donde está siendo juzgado.
Ya sufrió un revés la defensa cuando pretendió utilizar como recurso la condición de diplomático, la cual fue desechada porque se pretendió engañar a la justicia estadounidense.
El régimen intentó incorporarlo como miembro de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición, en México, y luego designó a la esposa del acusado, Camila Fabri, italiana, que no puede actuar como representante del gobierno por no ser venezolana y, además, ignora las funciones que debe cumplir, por lo que su papel en esas discusiones es irrelevante y no aporta nada a la defensa de Saab.
Es ridículo el pronunciamiento que ha hecho una supuesta organización defensora de los derechos humanos de Túnez, solicitando para el empresario colombiano el premio Nobel de la Paz por haber sido apresado cuando supuestamente realizaba labores humanitarias. El juez Robert Scola, que lleva el caso en la Corte del Sur de la Florida, será quien decida el destino del sujeto colombiano, que se encuentra en una cárcel de Miami.
Ridículamente el propio Nicolas Maduro pidió en marzo del año pasado el Premio Nobel de Economía porque supuestamente había arreglado el problema económico de Venezuela, cuando ha ocurrido todo lo contrario, ya que la situación sigue empeorando con un dólar que aplasta y pulveriza al llamado bolívar digital.
No es de extrañar que esa supuesta organización tunecina sea beneficiaria del régimen, que en justicia ha quedado tan mal que quien fuera presidente del TSJ, Maikel Moreno, también esté acusado en los Estados Unidos de graves delitos, como haber recibido más de 10 millones de dólares por influir en decisiones judiciales. Y lo peor es que ya la justicia estadounidense había ofrecido una recompensa millonaria por información que permita su detención, no por los delitos que se le imputan ahora, sino por violación de los Derechos Humanos en Venezuela.