Según Bloomberg, presuntamente, el Gobierno venezolano, carga con cientos de empresas estatales quebradas en una economía que está en caída libre, y está abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas claves a inversionistas privados.
Docenas de procesadores de café, plantas químicas, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas.
Reseña el medio de comunicación social que, Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de finanzas…
“Cree que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado, el Estado actúa como supervisor y recibe una retribución”.
No está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación de una ley “anti-bloqueo” que buscaba reducir el impacto de las sanciones de Estados Unidos e incentivar la inversión.
El Gobierno está permitiendo que fluyan las remesas en dólares y la empresa privada florezca en casos seleccionados. La revolución socialista confiscó más de 1.000 empresas y numerosas fincas, granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como: Kimberly-Clark, Cemex, y Kellogg.
Las empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión económica…
Utilizando sus vastos ingresos petroleros, el Gobierno reemplazó los cultivos y la fabricación local por importaciones
La petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, PDVSA, se volvió ineficiente, convirtiéndose en un brazo del partido de gobierno. Se dice que está en ruina y forzada a recortar su producción.
Se calcula que más de siete millones de venezolanos han huido del país en un intento desesperado por sobrevivir y conseguir los ingresos monetarios suficientes para cubrir sus necesidades básicas y enviar dinero a sus familias.
La publicación del año pasado de la ley anti bloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.
Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no está clara. La ley anti bloqueo prohíbe revelar dicha información, teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de EE.UU., que están dirigidas a
entidades que hacen negocios con el gobierno.
En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar.
Agropatria, que fue nacionalizada, se cree que ahora está recurriendo a la gestión privada. Sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, “fueron confiscadas para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios.”
Lácteos Los Andes, empresa procesadora de leche y fabricante de bebidas, comprada por el Gobierno, se dice que ahora es administrada por una empresa privada.
Dos plantas de procesamiento de granos del Gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en 2007, supuestamente fueron sido transferidas, pero no vendidas a empresas
privadas.
Lo mismo ocurre con las plantas de leche construidas y las de café expropiadas durante el auge petrolero.
Se dice que el Gobierno está discutiendo una nueva escala salarial.
No todas las empresas asociadas al Gobierno están generando utilidades. Los empresarios locales desconfían por los años de mal mantenimiento bajo la supervisión del Estado y temen a nuevas nacionalizaciones.
El Gobierno no ha publicado el número de propiedades que ha incautado a lo largo de los años. Pero un estudio de la Cámara de industriales, Conindustria, dijo que un total de 1.322 fincas ganaderas, tiendas de alimentos, compañías eléctricas, molinos, fabricantes de vidrio, bancos, supermercados e instalaciones de almacenamiento en frio fueron expropiadas.
Muchas dejaron de existir. La mayoría de sus antiguos propietarios aún esperan una compensación o están involucrados en un litigio con la esperanza de recibir
su pago, según un estudio de Transparencia Internacional.
Algunos analistas señalan que lo que está sucediendo en Venezuela tiene precedentes en otros
Estados autoritarios de izquierda.
FUENTE: Bloomberg
Entre tanto, la calidad de vida del venezolano se desmejora cada vez más, se estima que el ingreso mensual, que va en caída libre continuamente, está por el orden de los seis ($06) dólares, mientras los servicios públicos, las infraestructuras públicas, el sistema de salud, la electricidad, el transporte, la seguridad jurídica y personal y, el suministro de agua potable, presentan una calamitosa situación, tan igual o peor que el suministro de los combustibles necesarios e imprescindibles para reactivar la producción nacional, mientras, proliferan los bodegones y las importaciones de autos y artículos de lujo que benefician la economía de los países que los confeccionan.
Se estima que se ha destrozado una sociedad que estuvo entre las más ricas del mundo.
“LÓGICA, RAZON Y SENSATEZ”
La única forma conocida para detener la inflación y devolver la calidad de vida a los venezolanos es reactivar al aparato productivo, dándole “SEGURIDAD JURÍDICA,” con el respeto a los “DERECHOS HUMANOS;” a la…
“PROPIEDAD PRIVADA, PURA, SIMPLE, PERFECTA E ¡IRREVOCABLE!”
Maximiliano Pérez Apóstol
