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Para este jueves 9 de febrero se había acordado una reunión entre la Ministra de Educación, Yelitze Santaella, y los representantes de 17 federaciones del sector educativo. La expectativa reinante previo al encuentro se cernía alrededor del anhelado reajuste salarial de los maestros.
Sin embargo, a última hora la alta funcionaria adujo que no podía asistir a la reunión por problemas de salud. Por el Ministerio participaron el viceministro Pedro Díaz; la directora de la oficina de Gestión Humana, Mary Luz Núñez Saucedo; la directora de Asuntos Gremiales y Laborales Yadira Alizo, y la directora de la Consultoría Jurídica, Magaly Villalba.
Según los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza y Afines de Venezuela, Fetraenseñanza, en la jornada con los funcionarios del Ministerio no se llegó a ningún acuerdo reivindicativo.
Reflejan en un comunicado que tanto el viceministro como los otros personeros alegaron que no estaban autorizados para presentar una propuesta de mejora salarial, ya que el asunto estaba en manos de la Ministra Santaella para su revisión.
Por otro lado, si resolvieron en señalar que era necesario restablecer las conversaciones entre el ente y las representaciones sindicales educativas para continuar la discusión de la tercera convención colectiva nacional, en virtud del vencimiento de la actual, cuyo estatus también admitieron los directivos.
Confirmadas varias migraciones
Igualmente, destaca el comunicado de la federación sindical, los funcionarios confirmaron la migración a la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación de docentes de los estados Yaracuy (2.678), La Guaira (478), Bolívar (2.642) y Apure (4.422), para un total de 10.040 educadores que a partir de la primera quincena de febrero cobrarán por el Ministerio y no por la gobernación respectiva.
En este punto, orientaron a las representaciones gremiales en cada una de las entidades verificar si dichas migraciones favorecen o perjudican a los docentes que gozaban de otros beneficios a través de convenciones colectivas regionales.
Ante estas situaciones de deficientes ingresos, las federaciones plantearon la urgente necesidad de restablecer cuanto antes las primas recortadas por la ONAPRE, ejecutar el anhelado ajuste salarial, reincorporar el llamado bono de guerra en el recibo de pago y cancelación de todas las deudas salariales, entre ellas el mencionado 280%, acumulado desde el año 2018.
También exigieron la no retaliación a los trabajadores del sector educativo que aún se encuentran en la calle reclamando sus derechos a un mejor salario y calidad de vida.
Finalmente, exhortaron a los sindicatos regionales mantenerse en asambleas permanentes hasta que haya una respuesta contundente por parte del ejecutivo nacional.
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