Rechazar por ilegal el proyecto de ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que amenaza con poner en vigencia la Asamblea Nacional 2020, cuya legitimidad es cuestionada nacional e internacionalmente, acordaron numerosas organizaciones de la sociedad civil.
En efecto, las organizaciones Aragua en Red, Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo, Grupo La Colina, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela y Red de Organizaciones Vecinales de Baruta promueven un documento que busca adhesiones de otras instituciones que respalden esta propuesta y se sientan afectadas ante la posibilidad que esta Ley sea aprobada en segunda discusión.
Tal instrumento fue aprobado en primera discusión por la bancada del PSUV y sus aliados políticos, vulnerando así el Artículo 52 de la Constitución Nacional: Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.
No hay motivación alguna que justifique crear un marco legal restrictivo de la actividad de organizaciones de la sociedad civil, cuyas acciones se desenvuelven dentro del marco legal existente. Esta iniciativa oficialista se articula con frecuentes agresiones emprendidas contra ONG nacionales, las cuales en ocasiones han sido criminalizadas de hecho, sin ningún sustento jurídico.
El propuesto instrumento propicia un marco intimidatorio, que promueve el sometimiento de las organizaciones civiles a los antojos y pretensiones de un régimen que está señalado por buena parte de la comunidad democrática internacional por ejercer de facto las funciones del Ejecutivo Nacional.
Una vulgar mordaza contra las ONG’s
Es una vulgar mordaza, aplicable a organizaciones que señalen irregularidades o procedimientos abusivos de representantes u organismos del Estado. Tal fue el caso del asedio y encarcelamiento de los directivos de Fundaredes, por denunciar, con pruebas fehacientes, la complicidad de autoridades civiles, militares y policiales con efectivos de fuerzas armadas irregulares.
Un buen número de las ONG existentes en Venezuela cumplen labores humanitarias que son reconocidas, apreciadas y agradecidas por sectores vulnerables de la sociedad. Cubren espacios desatendidos por las autoridades que en teoría deberían atender tales labores. Algunas ONG son de larga y fecunda historia en el país.
El país está conmovido por una crisis social que se agrava cada día, como lo expresan las actuales protestas y reclamos de calle de los trabajadores venezolanos, por sus lamentables condiciones de vida. La situación valoriza aún más la presencia y la participación de organizaciones civiles que se ocupan de aspectos críticos de la vida nacional, como la niñez, la precariedad de los servicios de salud, la condición de los ancianos, la insuficiente infraestructura educacional.
El oficialismo, con su menguada capacidad de atención a estas calamidades, en lugar de crear instrumentos que propicien intimidación e intervención de las ONG, podría estimular estas formas de solidaridad social, de trabajo en conjunto por el bienestar de nuestra sociedad. La aprobación y aplicación del instrumento legal propuesto no será más que propiciatoria de exclusión, en lugar de colaboración entre todos los actores de la vida nacional.
Las organizaciones promotoras invitan a respaldar el documento, a través de https://forms.gle/u5wmAUgMtijM5Zo7A y saluda la existencia de otras iniciativas similares que protestan contra la Ley en cuestión y exhorta a las organizaciones ciudadanas a adherirse a cualquiera de ellas ya que todas persiguen el mismo objetivo.
