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El 6 de Febrero organizaciones ambientales pidieron conocer el avance de la investigación penal que se abrió hace dos meses tras denuncias de construcciones no autorizadas que dañan el ecosistema del Parque Nacional Sierra Nevada
ONG exigen a la Fiscalía informar el estado de la investigación penal y si se emitió una orden de suspensión de cualquier intervención no autorizada en el Parque Nacional Sierra Nevada contraria a lo establecido en las normas ambientales.
Este 6 de febrero representantes de organizaciones ambientales acudieron a la Fiscalía número 23 del estado Mérida para solicitar que se notifiquen los avances de la investigación penal que se abrió a raíz de denuncias de intervenciones no permisadas en el Parque Nacional Sierra Nevada e inmediaciones del Sistema Teleférico Mukumbarí por parte de la empresa Ventel.
Christi Rangel -de la Coalición Anticorrupción- y el ingeniero Forestal Elides Sulbarán hicieron la entrega de una solicitud para exigir información sobre el avance de estas averiguaciones.
Al documento adjuntaron las más 519 firmas que recogió la plataforma AVAAZ.ORG en el formato de petición «Salvemos al parque Sierra Nevada», con el objetivo de exigir respuestas por parte de Venezolana de Teleféricos (Ventel).
Torres explicó que la mayoría de organizaciones que suscribieron la solicitud entregada a la Fiscalía 23 y la dirección de Inparques son de materia ambiental.
Petición de información a las autoridades sobre las amenazas del parque nacional Sierra Nevada
«Sugerí que hiciéramos esta petición de información porque es un derecho que está consagrado en nuestra constitución y en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y se enmarca también en el ejercicio de participación de control político y de la exigencia de rendición de cuenta», añadió Torres.
La activista destacó que hace dos meses y luego de las denuncias de los guardaparques adscrito a Inparques Mérida, respecto a intervenciones no permisadas de Ventel C.A en el Parque Nacional Sierra Nevada, se abrió una investigación penal que fue anunciada por el propio fiscal general de la República.
Las ONG exigen que se aclare cuál el el estado de la investigación penal por construcciones no autorizadas en la Zona de Protección Integral del parque y de usos y concesiones otorgadas por Ventel C.A. «en ausencia de los instrumentos de control ambiental».
Asimismo, exigen conocer si la fiscalía emitió una orden de suspensión de cualquier intervención que sea contraria a lo establecido en las normas ambientales.
«Nos quedamos muy preocupados porque después algunas autoridades del Poder Ejecutivo Regional y local dieron declaraciones sobre la presunta inexistencia de los causales de esta denuncia», comentó Torres.
En 20 días esperan respuesta
A partir de la consignación de este documento, la fiscalía tiene 20 días, según lo que establece la ley, para responder a la solicitud de información.
El ingeniero Elides Sulbarán comentó que se debe cumplir con el plan de ordenamiento y uso del Parque Nacional Sierra Nevada.
«Pedimos el respeto a las normas de preservación del parque nacional que fue creado en el año 1952 por iniciativa de la Universidad de los Andes», advirtió Sulbarán.
El ingeniero forestal aclaró que los trabajadores de Inparques no se oponen a que haya actividades económicas mientras no irrumpan con la armonía del ambiente y se respete el criterio de sustentabilidad.
Sulbarán y Torres concluyeron sus intervenciones esperando que se cumpla el plazo establecido y que se obtengan respuestas de las autoridades competentes sobre las amenazas que enfrenta el parque nacional Sierra Nevada.
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