Las protestas para exigir la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte y de los miembros del Parlamento prosiguieron el sábado tras casi dos meses luego que la víspera el parlamento archivó la más reciente propuesta del gobierno para adelantar los comicios en 2023.
Miles de peruanos llegaron de los extremos de la capital por los cuatro puntos que confluyen en el centro histórico. Muchos de ellos portaban escudos fabricados de madera y de bidones de plástico grueso. “Estaremos aquí hasta que la Dina ‘asesina’ se largue y también los sinvergüenzas del Congreso”, dijo Mario Cusi, un hombre que dijo haber nacido en la ciudad de Cusco, en el sur.
La policía bloqueó el ingreso de los manifestantes y les lanzó gas lacrimógeno para ahuyentarlos. Pero, poco después los que protestaban se volvían a reunir limpiándose los ojos enrojecidos por los gases. Varios llevaban banderas peruanas de colores rojo y blanco, otros banderas de colores negro y blanco en respeto de los 58 muertos en las manifestaciones.
El viernes la comisión legislativa de Constitución del Parlamento archivó la propuesta presentada por la presidenta Boluarte de adelantar a octubre las elecciones presidenciales y de los miembros del Congreso y así cambiar autoridades a finales de 2023.
Pese a la exigencia de los inconformes en las protestas, la decisión de la comisión de Constitución implica que, según las normas del Congreso, una nueva iniciativa para adelantar elecciones no será discutida hasta la próxima legislatura que empieza en julio.
No se lograron los 14 votos necesarios dentro de la comisión para discutir el último planteamiento del oficialismo, que es similar a otros tres proyectos archivados la última semana para convocar a las urnas de forma anticipada. Este nuevo intento del ejecutivo sólo obtuvo 11 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
El rechazo del Parlamento a impulsar una propuesta para adelantar las elecciones generales ocurre en medio de las incesantes manifestaciones que comenzaron hace casi dos meses cuando la presidenta Boluarte, que entonces era vicepresidenta, asumió el poder para reemplazar al presidente Pedro Castillo, quien fue destituido por el parlamento el 7 de diciembre tras su fallido intento para disolverlo.
Las protestas han dejado a la fecha 58 fallecidos, la mayoría civiles, salvo uno que era un policía que murió carbonizado en los Andes.
