Trabajo de: www.runrun.es
- El proyecto inicial de ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas
Doce ONG venezolanas aseguraron que enfrentan la «mayor amenaza» a su existencia debido al proyecto de ley de fiscalización de estas organizaciones que lleva adelante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), impulsado por la contundente mayoría oficialista.
El Foro por la Vida, la coalición que agrupa a esta docena de ONG, «rechaza de manera contundente» esta maqueta legislativa, al considerar que representa «la mayor amenaza registrada en el país» contra su existencia y contra «el accionar libre e independiente» de defensores de derechos humanos y actores humanitarios.
«El proyecto de ley criminaliza la solidaridad al desproteger aun más a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional y de la labor de las ONG», dice un comunicado firmado por los integrantes del foro.
La agrupación cree que la iniciativa parlamentaria «no es un hecho aislado sino que constituye una política de Estado que, de manera sistemática, está dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente» de la sociedad civil y actores humanitarios.
«Antes que restricciones, el espacio cívico está urgido de respeto, promoción y protección por parte de las autoridades públicas», remarca el escrito.
De aprobarse esta ley, adelanta la coalición, las ONG ya constituidas serán sometidas a «un nuevo y adicional control autorizatorio previo por parte del Ejecutivo», en el que deberán presentar requisitos «exageradamente intrusivos».
El proyecto inicial de ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.
La propuesta prohíbe expresamente a las ONG «realizar actividades políticas» y «promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones» del Estado.
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