La doctora Blanca Rosa Mármol de León, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, docente universitaria y escritora, considera que en Venezuela la justicia es inexistente, salvo honrosas excepciones.
Sus declaraciones al respecto fueron dada a El impulso en torno a las imputaciones que se le han hecho en un tribunal de Miami, Estados Unidos, al magistrado y expresidente del TSJ, Maikel José Moreno Pérez, por los delitos de conspiración para cometer blanqueo de capitales, encubrimiento de blanqueo de capitales y participación de transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.
Igualmente se le señala de haber recibido 10 millones de dólares, sobre todo de empresarios que habían hecho contratos con el gobierno, así como de influenciar decisión judiciales al tener capacidad de designar y destituir jueces, e influyen en causas penales mediante desestimación de cargos. Además, se le hicieron otros señalamientos delictivos desde 2014 a marzo de 2019.
En medio de todo lo que está pasando, todavía una persona como yo, se sorprende, expresó la exmagistrada del máximo tribunal de la República.
Dijo que las imputaciones hechas a Moreno demuestran lo que ella ha venido denunciando continuamente, en el sentido de que quienes están al frente del régimen acabaron con el Poder Judicial apenas llegaron al poder.
Una vez que llegaron al gobierno, lo primero que hicieron fue acabar con los jueces titulares y con la carrera judicial. Colocaron de juez a cualquiera. Desde entonces los jueces son temporales, designados a dedo y ahora tenemos la demostración de lo que tenemos en Venezuela como administradores de la justicia. Con las excepciones, por supuesto, que siempre las hay para no ser injusta.
En la acusación que se le hace a Moreno se habla de su capacidad para designar y destituir jueces. ¿Esas son atribuciones del presidente del Poder Judicial?
Esa es una imposición del régimen, porque esa atribución no existe. En realidad los jueces no pueden ser removidos sino por un proceso del debido proceso y éste tiene que ser hecho por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la cual tiene unas causas muy específicas para el procedimiento disciplinario y sólo después que se haya demostrado que existen motivos para la destitución, se procede a ejecutar la medida y llevar al imputado a juicio penal si ese es el caso.
Las imputaciones que se le hacen al mencionado magistrado son gravísimas y es de suponer que llame la atención en todo el mundo porque pone en entredicho a la justicia venezolana. ¿Cuál es su criterio?
Creo que para la Corte Penal Internacional debe quedar muy claro que aquí, en Venezuela, es imposible el enjuiciamiento de personas que han cometido delitos de lesa humanidad si pertenecen al régimen; es decir, de la cadena de mando y de los funcionarios que han incurrido en detenciones arbitrarias, torturas y crímenes. Todo esos casos están reflejados en los informes elaborados hasta ahora. De manera que la justicia complementaria que contempla la Corte, es la única que nos queda porque en Venezuela no hay justicia.
¿La justicia venezolana está en situación de crisis?
No solamente es de crisis, está inexistente, salvo las honrosas excepciones, hay que decirlo, porque todavía queda uno u otro juez con sentido de lo que es ser juez. Pero, la inmensa mayoría de los jueces tiene miedo. Y ahora que se habla de diálogo, en este sentido, lo que se debe hacer es posible, factible y previsible.
