El Foro Cívico rechazó mediante un comunicado de prensa el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, la cual ha sido impulsada por la administración de Nicolás Maduro, al mismo tiempo que solicitaron al alto comisionado de la ONU, Volker Turk, hacer las “gestiones necesarias” para asegurar la garantía de los derechos de libre asociación y participación ciudadana.
El organismo enfatizó que esta nueva ley es una clara vulneración a los derechos humanos de libertad de asociación, participación y actuación ciudadana en los asuntos públicos.
“Preocupa que la presentación de dicho instrumento se haya acompañado de un discurso oficial de estigmatización, desprestigio y criminalización injustificada a ONG, las cuales han sido constituidas, según la norma vigente» y agregan «desde el Foro Cívico rechazamos estas nuevas acciones arbitrarias emanadas de la Comisión de Política Interior de la Asamblea 2020 y exigimos garantía del ejercicio de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho”.
Foro Cívico acotó que estas acciones son una nueva agresión a los derechos ciudadanos de los venezolanos, “una profundización del deterioro del espacio cívico y del Estado de Derecho; una amenaza a los beneficiarios de las labores humanitarias, de asistencia, protección, defensa y acompañamiento que prestan cientos de organizaciones en Venezuela a los más vulnerables”.
“Implicaciones graves, y que parecen apuntar al objetivo de acallar las voces de quienes legítimamente se organizan para la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a víctimas”, se lee en el documento.
Ante esto, solicitaron al alto comisionado de Naciones Unidas, quien se encuentra de visita en el país a adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades nacionales para asegurar las garantías al ejercicio de los derechos de libre asociación y de participación ciudadana en los asuntos públicos, así como el respeto al Estado de Derecho, en estricto cumplimiento de la Constitución de la República y los pactos internacionales de derechos humanos, de los cuales nuestro país es signatario”.
“Creemos importante agregar a esta petición algunas imprescindibles consideraciones. Es urgente diseñar e implementar, junto al amplio y diverso espectro de organizaciones de sociedad civil, una agenda de defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Una agenda que promueva la identificación de áreas de acuerdos posibles, destinados a garantizar su ejercicio y disfrute”, finalizaron.
