La presidenta peruana Dina Boluarte pidió el martes una tregua a quienes protestan desde hace casi dos meses para exigir su renuncia y la de los integrantes del Parlamento en manifestaciones que han dejado más de medio centenar de fallecidosen enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En conferencia con la prensa internacional, Boluarte dijo que la tregua busca entablar mesas de diálogo “y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar a los pueblos”.
“No me voy a cansar de llamarlos al diálogo a la paz y a la unidad”, indicó Boluarte desde el palacio presidencial.
Las marchas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que hasta hace una semana eran principalmente en el sur de los Andes, llegaron a la capital y el martes cientos de manifestantes caminaron por las calles del distrito más rico, San Isidro, pidiendo la dimisión de la mandataria.
Boluarte dijo que se quedará en el poder hasta la fecha que acuerden los legisladores, quienes siguen sin convocar una reunión que ratifique el pedido aprobado en primera votación en diciembre para que las elecciones generales sean en abril de 2024. “No tengo ninguna intención de quedarme como presidenta, más allá de lo que en el adelanto de elecciones hayamos fijado”, dijo.
En contraste con la preocupación internacional por el exceso de fuerza en la respuesta de los uniformados a las manifestaciones, la mandataria defendió el trabajo “inmaculado” de la policía. También acusó a narcotraficantes, mineros ilegales y contrabandistas de impulsar las protestas.
Las 56 muertes en menos de dos meses de gobierno de Boluarte, reportadas por la Defensoría del Pueblo hasta el lunes, han enardecido a los manifestantes integrados principalmente por campesinos de los Andes, pero también por universitarios y migrantes de la región andina en Lima.
Las protestas comenzaron después de que Boluarte —quien era vicepresidenta del mandatario Pedro Castillo, el primer presidente de origen rural de Perú— jurara el 7 de diciembre como nueva mandataria. Ella había prometido exactamente un año antes que si el mandatario era cesado, renunciaría al cargo porque su lealtad era “a prueba de balas”.
Castillo fue destituido ese mismo 7 de diciembre tras un intento fallido de disolver el Congreso para evitar una votación que buscaba removerle del cargo.
