El Proyecto de Ley de Fiscalización, Actualización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, fue aprobado este martes por la Asamblea Nacional 2020, en primera discusión.
Durante el debate, el diputado, Diosdado Cabello, presentó una lista de 62 Organizaciones No Gubernamentales que supuestamente habrían recibido «financiamiento de organismos de otras naciones», «y operan con fines políticos».
Precisó que esta ley será para regular el financiamiento, la actuación de estas organizaciones no gubernamentales: «Esto nos ayudará a poner orden a un sector donde, definitivamente, no hay orden».
«Dicen que son Organizaciones NO Gubernamentales porque y que no dependen del gobierno revolucionario, pero dependen del gobierno de Estados Unidos. Casi todas operan con fines políticos para apoyar la desestabilización del país”, precisó.
“Comenzamos a revisar, más o menos, cuántas (ONG) hay hasta este momento. En una primera vuelta, (encontramos) 62 que operan con fines absolutamente políticos en nuestro país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones”, prosiguió, para luego mencionar, entre otras, a Provea, organización que lleva 35 años dedicada a la defensa de derechos humanos.
Mientras que el presidente del Parlamento 2020, Jorge Rodríguez, respaldó la propuesta a la vez que cuestionó el financiamiento de las elecciones opositoras, «la Constitución los obliga que la gente puede y debe reunirse y el estado debe proteger esa reunión, pero debe hacerse de conformidad con la ley».
«Cada vez que vemos a esos organismos o gobiernos que están plagados de buenas intenciones, detrás lo que aparece son sus verdaderas y siniestras intenciones. ONG que son financiados por el Reino Unido», dijo Rodríguez.
Los riesgos de esta normativa
Las diversas Organizaciones No Gubernamentales que operan desde hace años en el país, así como las organizaciones de defensores de los derechos humanos, han venido alertando en torno a la intención del régimen, de “meterle mano” a las ONG muchas de las cuales son las que se han encargado de visibilizar las constantes violaciones de los derechos humanos del pueblo venezolano, así como también el acoso y las persecuciones por parte de los Organismos de Seguridad del Estado, acciones que quedarán legalizadas, una vez que se apruebe este nueva normativa en segunda discusión y se promulgue.
Existe el convencimiento, que el objetivo de esta Ley no es el de reglamentar el funcionamiento y la operatividad de las ONG en Venezuela, sino que se convertirá en el “Acta de Defunción” de las mismas, por lo que desde ya se están realizando las denuncias ante las instancias internacionales.
