La policía ingresó el sábado en la universidad estatal más importante de Perú y detuvo a 205 manifestantes dentro de la ola de protestas que han dejado decenas de muertos para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Parlamento así como la realización de nuevas elecciones.
Más tarde, las autoridades anunciaron el cierre indefinido del sitio turístico más famoso de Perú: la ciudadela inca de Machu Picchu, que atrae a miles de turistas internacionales y donde se encontraban poco más de 400 visitantes, en un indicio de la intensificación de las movilizaciones que dieron inicio hace un mes.
Durante el desalojo de la capitalina Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de Sudamérica, las televisoras mostraron a policías entrando después de que una tanqueta rompió una de las puertas del lugar. También se observó cuando la policía colocaba contra el piso a decenas de manifestantes.
El fiscal Alfonso Barrenechea indicó a la radio local RPP que la policía detuvo a 205 personas. La intervención policial se debió a a la «flagrancia en dos hechos: un ingreso a la sede universitaria sin autorización de las autoridades y una presunta sustracción de una serie de bienes electrónicos», agregó.
La universidad informó que el viernes algunos manifestantes habían irrumpido en la universidad con rostros cubiertos, quitaron los chalecos y equipos a los guardias privados de seguridad, y los echaron del campus.
Javier Cutipa, de 39 años, que vino en autobús desde Puno, se encontraba en la universidad desde el jueves, pero había salido a desayunar poco antes de la llegada en la mañana de la policía. Dijo que la acción policial fue prácticamente un asalto, con helicópteros, gases lacrimógenos y tanquetas.
Señaló que lo único que consigue el gobierno con estas detenciones es agravar las tensiones. Cuando la población se entere de lo ocurrido aquí reaccionará de una manera más radical, agregó.
Cientos de manifestantes se congregaron el sábado frente a comisarías donde exigían la libertad de los detenidos al tiempo que coreaban libertad y decían que eran estudiantes no terroristas. Otros manifestantes se reunieron en diversas partes del centro de Lima.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dijo preocupada por la acción policial en la universidad y solicitó con urgencia al Estado a «garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas».
Sobre el cierre indefinido de Machu Picchu, el Ministerio de Cultura dijo que la medida fue adoptada “para proteger la seguridad de los turistas y la población en general”.
Por su parte, el ministro de Turismo, Luis Helguero, dijo en una rueda de prensa que había 417 visitantes atrapados en Machu Picchu, más de 300 de ellos extranjeros.
Algunos turistas varados optaron por irse a pie a Piscacucho, el pueblo más próximo, dijo Helguero. Aunque eso implica una caminata de al menos seis horas o más tiempo y sólo pocas personas están en condición de realizarla, agregó.
Habrá reembolsos a los turistas que compraron boletos para ir a Machu Picchu, según el Ministerio de Cultura.
La ciudadela inca del siglo XV se ubica en la selva de la región Cusco, donde se han registrado algunos de los peores enfrentamientos, con la subsiguiente pérdida importante de ingresos por turismo. El aeropuerto de Cusco fue cerrado brevemente esta semana después de que manifestantes intentaran ocuparlo.
Las autoridades además cerraron el ingreso al camino Inca que los turistas suelen recorrer como una prueba de caminata por varios días. El tren a Machu Picchu también estaba suspendido desde el jueves.
Miles de inconformes protestaron el viernes en las calles de Lima, enfrentaron gases lacrimógenos por segunda jornada consecutiva y dejaron claro que continuarán sus movilizaciones hasta la pronta realización de nuevas elecciones.
Muchos de los inconformes llegaron a Lima desde zonas remotas andinas, donde han muerto docenas de personas en medio de la agitación política en la que han quedado inmersas grandes porciones del país desde que Pedro Castillo, el primer gobernante surgido de una zona rural andina, fue destituido y encarcelado el mes pasado por haber intentado la disolución del Congreso.
Más de 55 personas han fallecido durante las protestas, y el deceso más reciente, el viernes en la noche, fue el de un profesor y además nueve personas más resultaron heridas en enfrentamientos con la policía en Puno. Un total de 21 manifestantes y un policía han fallecido en la región sur. Los choques con las fuerzas de seguridad han dejado además 700 heridos.
Los manifestantes pretenden convertir a Lima —donde vive una tercera parte de los 33 millones de habitantes de Perú— en el epicentro de las protestas que comenzaron cuando Boluarte, antes vicemandataria, juramentó como presidenta el 7 de diciembre en sustitución de Castillo.
Las protestas han desatado la peor ola de violencia política en el país en más de dos décadas. La ira contra la policía fue constante durante una marcha, en la que los manifestantes gritaban “asesinos” al pasar frente a filas de agentes provistos de cascos y escudos antidisturbios.
Boluarte ha dicho que apoya un plan para celebrar nuevas elecciones en 2024, dos años antes de lo previsto, pero los inconformes dijeron al unísono que esa propuesta carece de rapidez en particular tras considerar las muertes de las últimas semanas.
Castillo, un profesor carente de experiencia política que vivía en una casa de adobe de dos niveles en las tierras altas andinas, logró una estrecha victoria en las elecciones de 2021 que sacudió al establecimiento político de Perú y expuso las profundas divisiones entre los habitantes de la capital y las zonas rurales olvidadas por mucho tiempo.
Activistas bautizaron la manifestación del jueves como la “Marcha de los cuatro suyos” en referencia a los cuatro puntos cardinales del imperio inca. Es el mismo nombre que recibió otra movilización masiva en el año 2000 cuando miles de peruanos salieron a las calles para protestar contra el gobierno autocrático de Alberto Fujimori, quien dimitió meses después.
