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“Cuando se reporta una desaparición en Yapacana se espera lo peor”, afirmó Nelson Cayupare, coordinador del Comité de Derechos Humanos de San Fernando de Atabapo, cuando se le preguntó por las muertes y desapariciones registradas en las últimas tres semanas en el parque nacional de Amazonas donde la minería ilegal ha devastado más de millar y medio de hectáreas.
El 6 de enero de este año, el exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, publicó en sus redes sociales el hallazgo del cadáver maniatado de un indígena venezolano en el Yapacana. Guarulla dijo que la víctima podría ser Alejandro Rojas, de la etnia jivi, quien había desaparecido dos semanas atrás.
Tanto el exgobernador como las ONG SOS Orinoco y Control Ciudadano presumen que los responsables del asesinato y la desaparición de los líderes indígenas son los grupos de guerrilla colombiana que hacen vida en territorio venezolano.
“Entre el último trimestre del 2022 y lo que va del 2023 van cinco muertos en la zona, pero no hay duda de que haya un subregistro. Existe un miedo inmenso entre las comunidades a denunciar y registrar tanto las muertes violentas como las que ocurren dentro de las minas por deslizamientos de tierra dentro de las fosas”, advirtió Cayupare.
Recordó que el cadáver se consiguió el mismo día que la comunidad protestaba por la desaparición de varios de los líderes indígenas que habitan la zona, entre ellos, Wilberto Ángel Camico Menare, quien está desaparecido desde el 28 de diciembre de 2022. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de San Fernando de Atabapo, el joven de 36 años y coordinador del comité de indígenas baniva de Yacapana, fue visto por última vez con miembros de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Venezuela en la zona de Sabana Grande, cerca del parque nacional.
“La versión que manejamos relaciona la desaparición con el operativo militar en Yapacana en noviembre para ‘limpiar la zona de minas’: una represalia por parte de los disidentes de las FARC”, señaló Cayupare.
“Wilberto tuvo roces con miembros disidentes de las FARC por los derechos de los mineros en uno de los campamentos. Al parecer, él acompañó a los miembros de la Fuerzas Armadas Nacionales en la quema de los equipos de la mina controladas por las FARC. La última vez que se vio a Wilberto fue en una reunión con los grupos armados irregulares”, agregó Cayupare por teléfono mientras viajaba a Puerto Ayacucho con la esperanza de llevar el caso al Ministerio Público.
Para el coordinador del comité de Derechos Humanos, la carencia de servicios públicos es una de las trabas para llevar los casos ante la justicia. La electricidad llega dos veces a la semana y solo en la capital, del estado Amazonas, en Puerto Ayacucho, existen locales que brindan internet. Para ir desde Atabapo hasta Puerto Ayacucho se tarda mínimo un día en bote. La moneda de uso es el peso colombiano.
Los cinco comités dedicados a la defensa de los pueblos indígenas del municipio Atabapo, donde está el Parque Nacional Yapacana, coinciden en que el aumento de la violencia en la zona se remonta a 2016, cuando Nicolás Maduro decretó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. “Pese a quedar a kilómetros de distancia, los grupos armados irregulares han tenido mayor presencia en el país para montar campamentos mineros desde entonces”, agregó Cayupare.
El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés) denunció el incremento de la deforestación por minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana en 49% entre 2021 y 2022. A través de imágenes satelitales, MAAP pudo calcular cerca de 1.537 hectáreas de zonas intervenidas solo en las cercanías del Cerro Yapacana debido a la extracción ilícita de oro y otros minerales. La pérdida de cobertura vegetal amazónica en esa zona protegida por el Estado venezolano fue de 757 hectáreas en un año. Del total de deforestación acumulada, 17 hectáreas son de la cima del tepuy sagrado.
En los informes del MAAP, las imágenes satelitales demuestran que los campamentos de minería dentro del parque nacional, y específicamente dentro del Cerro Yapacana, no han sido completamente desmantelados después del operativo militar.
“Dada la escala masiva de la actividad minera ilegal en el Parque Nacional Yapacana, está claro que una sola operación no es suficiente para desmantelar miles de campamentos mineros y retirar a miles de mineros ilegales. Se necesitan esfuerzos a gran escala y a largo plazo”, concluyó el MAAP en su informe publicado este 16 de enero.
Mientras los comités indígenas en Atabapo denunciaron que las autoridades no han hecho procedimientos de búsqueda para Camico, un menor de edad murió el pasado 8 de enero en las fosas de la mina Cacique, sector Platanillal del Yapacana. Su nombre era Cleubulo Henríquez.
De acuerdo con el comité de Derechos Humanos de Platanillal, citado por el portal Waka Noticias, Henríquez fue un deportista y estudiante que vivía en el sector Humboldt de la ciudad de Puerto Ayacucho. El joven visitó a su madre en las minas y, mientras trabajaba en una de las fosas, una piedra le cayó encima.
El silencio como constante
A Eligio DaCosta se le quiebra la voz cuando habla del asesinato de Virgilio Trujillo, el indígena piaroa y coordinador de los guardianes territoriales Uwottüja del municipio Autana, en el estado Amazonas, a quien mataron el 30 de junio de 2022 con varios disparos en la cara en un barrio de Puerto Ayacucho, capital de la misma entidad.
“Virgilio estaba con nosotros en la organización ese día”, relató DaCosta, indígena baniva que coordina la Organización Regional De Pueblos Indígenas De Amazonas (ORPIA), institución que formó a los 30 guardianes territoriales que, como la víctima, protegen la cuenca del río Sipapo. “A media hora de salir de la reunión, nos enteramos de que le habían disparado. Eso fue un impacto fuerte, porque él era mi amigo. Yo lo ayudaba muchísimo porque él estaba comprometido con su territorio, con la defensa de la naturaleza”.
Armados con un bastión, una herramienta de madera para su protección, los guardianes territoriales fueron formados con el fin de resguardar los territorios indígenas y proteger la biodiversidad, por eso, quien ingresa a la zona que custodian, deben pedirles permiso. Semanas antes del asesinato de Virgilio Trujillo, grupos armados invadieron su territorio.
“Ellos estaban haciendo ese trabajo, protegiendo, buscando la forma de mediar con los mineros y que se salieran de allí los indígenas que también estaban trabajando. Pero como intervienen otros elementos externos, se genera el asesinato”, afirmó el líder baniva.
El crimen, según DaCosta, dejó conmocionados tanto a los otros guardianes como a la comunidad del Alto Sipapo, donde vivía Virgilio. “Eso fue tan impactante para nosotros que dejamos de trabajar casi tres meses. Estábamos en zozobra, porque después amenazaron a otros compañeros”.
El hecho, dijo el coordinador de ORPIA, también generó conflictos entre los pueblos indígenas, porque muchos miembros de las comunidades participan de la minería que azota la zona. Fuentes vinculadas al activismo ambiental confirmaron a Runrun.es que los grupos guerrilleros que explotan oro con maquinarias en los márgenes del río están vinculados con el asesinato.
“Se presume que en el hecho están involucrados narcotraficantes y paramilitares que pretenden tomar el territorio nacional. Trabajaremos sin descanso para esclarecer el crimen que ha causado conmoción en el estado Amazonas”, escribió en Twitter el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, pocos días después del asesinato. Pero casi siete meses después del crimen, el Estado no ha dado ninguna respuesta sobre el hecho.
Vulnerables en su propio territorio
Según el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) entre 2015 y 2020 se registraron 102 hechos victimizantes contra los campesinos defensores del derecho a la tierra en territorios venezolanos. La ONG calculó que 37,25 % de los casos se refieren a detenciones arbitrarias, mientras que 14,71 % han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 13,73 % fueron asesinatos selectivos.
Cifras aportadas por la ONG Provea revelan que desde 2010 al menos 47 indígenas de los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados tanto por uniformados como por actores no estatales.
“Durante el año 2022, se produjo un incremento de la violencia contra los pueblos indígenas, sobre todo en el estado Amazonas, donde la minería está legalmente prohibida”, dijo el coordinador de Odevida capítulo Venezuela, Raúl Cubas. “Sin embargo, bandas de la delincuencia organizada han tomado el control de vastos territorios indígenas, imponiendo sus reglas violentas de juego, que son las responsables de asesinatos de indígenas en Amazonas y Bolívar”, continuó.
Del grupo de indígenas asesinados por temas relacionados a la minería registrado por la sociedad civil venezolana, 25 casos se vinculan al sicariato o a miembros de organizaciones guerrilleras. En 15 casos, los señalados son los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
“Un elemento en común en todos estos casos es la falta de resultados de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, por lo que hasta el día de hoy no hay ningún imputado, en todos estos hechos que enlutan a las comunidades indígenas de la Amazonia-Orinoquia venezolana”, agregó Cubas.
El 11 de enero el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, aseguró en su cuenta de Twitter que Venezuela muestra “éxitos” contra la minería ilegal y la deforestación, luego de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, denunciara que en el Parque Nacional Yapacana se está destruyendo el medio ambiente.
“En materia de protección ambiental existe un retroceso sin precedentes, cuando Venezuela históricamente fue un pionero en esta materia”, contrastó Cubas. Indicó que mientras el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, “impulsa políticas protectoras del ambiente y de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, en Venezuela el gobierno ignora el Acuerdo de Escazú —que acaba de aprobar el Congreso de Colombia—, que garantiza los derechos a la participación, información y justicia en materia ambiental”.
Para el abogado especializado en derecho indígena e investigador responsable del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, Vladimir Aguilar, los indígenas son más vulnerables ante todo lo que ocurre en la Amazonía. Es allí donde están sus territorios ancestrales y sitios sagrados, además de ser el espacio donde practican la caza, pesca y recolección. “Frente a la expansión macabra del extractivismo y sus lógicas perversas (minería ilegal, narcotráfico, pistas clandestinas, grupos armados irregulares, etc) los pueblos indígenas están en la primera línea de desprotección”, aseguró.
Los indígenas, recalcó Aguilar, como los garantes del bosque y la selva Amazónica, son quienes enfrentan a los actores irregulares y grupos armados que invaden sus territorios. “El asunto es que la confrontación es asimétrica. Mientras que unos tienen armamentos sofisticados los indígenas solo tienen arcos y flechas. Paradójicamente, ante la ausencia del Estado, los pueblos indígenas son los custodios de las fronteras y del territorio nacional”, sentenció Aguilar.
El Estado tiene una deuda de más de dos décadas con los pueblos indígenas porque todavía no ha delimitado la mayoría de sus territorios, un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999. Líderes como DaCosta opinaron que si sus tierras estuviesen demarcadas, protegerlas sería más sencillo. En esto también coincidió Aguilar. “Los pueblos indígenas tendrían una razón mayor y más contundente para salvaguardar y defender sus territorios. Sería un mecanismo de contención de la lógica extractiva que ha inducido a una ínfima minoría de los indígenas a tener que practicar la minería ilegal, a la prostitución o al contrabando de combustible en algunos espacios”, apuntó el abogado.
Estos títulos de propiedad, como documentos legales, les permitirían “accionar a nivel de tribunales nacionales e internacionales por el derecho a la vida (mediante la garantía del derecho al territorio), incluyendo la posibilidad de que se configure contra funcionarios del Estado (incluso contra miembros de grupos irregulares armados), responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, por estar en presencia de lo que el catedrático español Bartolomé Clavero denominara una suerte de genocidio cultural silencioso”, señaló Aguilar.
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