Trabajo de: www.correodelcaroni.com
Cada año en Venezuela mueren cientos de personas, decenas de miles quedan afectadas y miles deben abandonar sus hogares como consecuencia de los efectos de eventos meteorológicos extremos, tales como inundaciones, derrumbes, deslaves o sequías. Esta situación puede agravarse por los efectos del cambio climático.
Sólo en el año 2022, casi un centenar de personas perdieron la vida como consecuencia de inundaciones y deslizamientos, 14 mil viviendas fueron afectadas en el país. Lo que permitiría extrapolar a que ese año, al menos, 70 mil personas resultaron perjudicadas por estas situaciones.
A pesar de ello, un espeso velo de silencio y olvido impide conocer con precisión los efectos de estos eventos. Tal situación imposibilita que se puedan tomar acciones para mejorar la gestión de riesgos de desastres en Venezuela.
En tal sentido, el reciente informe de Clima21: Derechos humanos y gestión de desastres en Venezuela: Una historia de silencios, olvidos y omisiones busca ampliar el conocimiento de la gestión de riesgo de desastres y del cambio climático en el país en un marco de derechos humanos.
El documento revisa diferentes situaciones de emergencias y desastres originadas por eventos meteorológicos extremos para revelar la situación actual de la gestión de riesgos en el país en el contexto del cambio climático. De esta manera, poder apoyar con la construcción de nuevos marcos de trabajo dirigidos a actuar de forma efectiva frente a fenómenos.
A pesar de la muy poca información disponible, este informe logra identificar a grupos vulnerables tales como personas en condiciones de pobreza y comunidades indígenas; estos grupos humanos sobrellevan un peso muy grande de las situaciones generadas por eventos meteorológicos extremos. Pero a la vez, otros grupos como mujeres y niños y niñas están invisibilizados. De igual forma, fenómenos como inundaciones y sequía están contribuyendo a los desplazamientos humanos en Venezuela.
Igualmente, el informe encuentra que el Gobierno nacional ha impulsado el desarrollo de una importante institucionalidad en materia de gestión de riesgos de desastres. Pero simultáneamente, este proceso, se ha visto obstaculizado por distintos problemas que impide implementar respuestas efectivas ante a las situaciones existentes. En paralelo, el país tiene un escaso avance en materia de institucionalidad relacionada con la acción climática. Siendo el único país de América del Sur que no cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático o instrumento similar.
Por otra parte, Venezuela no cuenta con un marco de derechos humanos que oriente las acciones dirigidas al cumplimento de las obligaciones legales nacionales e internacionales del Estado en materia de gestión de riesgo de desastre (GRD) y del cambio climático.
Todas estas circunstancias constituyen un patrón sistemático de violación de los derechos humanos de la población. Asimismo, se incumplen compromisos internacionales, ya que Venezuela no podrá lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ni del Marco de Sendai relacionadas con la GRD.
Finalmente, el informe ofrece recomendaciones que pueden permitir cambios importantes y orientar la protección efectiva de la población frente a los riesgos de desastres en el contexto del cambio climático.
Las mismas se centran en: El establecimiento de políticas nacionales integradas de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático; la reinstitucionalización y fortalecimiento técnico de las instituciones competentes en estos temas; el establecimientos de políticas de acceso a la información y la participación; la creación de una cultura de prevención a través de la implementación de programas educativos sobre gestión de riesgo de desastre y cambio climático en todos los niveles y modalidades educativas; así como la incorporación efectiva del enfoque de derechos a todos los procesos y actividades que se realicen en materia de GDR y adaptación al cambio climático.
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