La organización Human Rights Watch señaló a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba de cometer “abusos aberrantes” en su más reciente informe anual, en el que exhortó a los líderes de Latinoamérica a ejercer presión para lograr una transición democrática en esos países.
En su Informe Mundial, que se difundió el jueves, HRW expresó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia, la pobreza y el deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe y afirmó que esos problemas han impulsado a millones de personas abandonar sus hogares, lo que ha profundizado la crisis migratoria en la región.
La directora para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, afirmó en una videoconferencia que algunos países de la región enfrentan un “gravísimo deterioro de la democracia y el Estado de Derecho” y un “ataque directo frontal” a las instituciones democráticas, a los sistemas electorales, al Poder Judicial, a la prensa independiente y a la sociedad civil por parte de líderes electos democráticamente, algunos de ellos de corte populista y autoritario.
Ante ese contexto Taraciuk admitió que se “corre el riesgo de hacer tambalear los pilares fundamentales que sostienen a la democracia” en la región.
Al evaluar la situación de Cuba, la organización sostuvo que el gobierno continuó durante el año pasado “reprimiendo y castigando cualquier forma de disenso” y que los cubanos siguieron padeciendo una crisis económica severa que impactó en sus derechos básicos.
Asimismo, cuestionó los juicios que se realizaron el año pasado a cientos de manifestantes en los que se “violaron las garantías básicas de debido proceso” y se acordaron “penas de prisión desproporcionadas”. Las autoridades cubanas han negado que se busque silenciar a la oposición y han asegurado que hay suficientes pruebas para procesar a los detenidos por delitos como sedición o atentado.
Igual situación se planteó que en el caso de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega fue señalado de profundizar “la represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos” y de intensificar “la violencia contra miembros de la Iglesia católica”. Al referirse a los procesos contra opositores Ortega dijo recientemente que “tenemos que defender con firmeza la justicia y la aplicación de la justicia contra los criminales”.
HRW llamó la atención sobre los riesgos que enfrentan en Venezuela los periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que son perseguidos y procesados penalmente.
“Las autoridades judiciales han sido partícipes o cómplices en abusos, sirviendo como mecanismo de represión”, sostuvo el informe que señaló a los cuerpos policiales venezolanos de incurrir en “brutalidad”. Las autoridades venezolanas han negado los señalamientos y sostienen que los procesos que se han emprendido contra disidentes y activistas están ajustados a las leyes.
La organización expresó preocupación por la “emergencia humanitaria compleja” que enfrenta Venezuela, que mantiene a millones de personas sin acceso a la salud ni una nutrición adecuada y que ha llevado a más siete millones de venezolanos a emigrar desde 2014.
