De acuerdo con las propias cifras oficiales de la Asamblea Nacional 2020, un conjunto de 8 leyes, que equivalen al 38% de las leyes realizadas por los diputados, no han sido publicadas en la Gaceta Oficial y por lo tanto, no están vigentes, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la ONG. Acceso a la Justicia.
En efecto, el artículo 215 de la Constitución de 1999 es claro al señalar que «la Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente «Cúmplase» en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela». En el mismo sentido, el artículo 1 del Código Civil establece que «La Ley es obligatoria desde su publicación en la GACETA OFICIAL o desde la fecha a posterior que ella misma indique«. La nueva Ley de Publicaciones Oficiales también ratifica esta disposición en su artículo 10. Así, mientras este trámite no se realice el texto no se puede considerar vigente y, por lo tanto, ni las autoridades ni los ciudadanos están obligados a acatar sus disposiciones.
No hay información disponible que indique que el Nicolás Maduro haya vetado alguna de las leyes que integran este grupo. Lo cierto es que ninguna de las leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2022 ha sido publicada en la Gaceta Oficial, pese a que el texto constitucional en su artículo 214 da un plazo de diez días a Maduro para la promulgación de las leyes.
Esta práctica opaca no es novedosa. A finales del año pasado, desde Acceso a la Justicia denunciamos que a partir de 2021 hay dieciocho números de la Gaceta Oficial cuyo paradero se desconoce, así como su contenido, a lo que hay agregar once gacetas de número extraordinario, presumiblemente del último trimestre de 2022 y comienzos de este año, que tampoco son de conocimiento público.
Sin dinero ni derechos
Entre los instrumentos que no han entrado definitivamente en vigor figuran las leyes de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 y de Endeudamiento. Ambas normas son de gran trascendencia e impacto para los ciudadanos, por cuanto prevén los fondos que el Estado destinará a servicios como la educación, salud, seguridad y al pago de pensiones o jubilaciones, así como a inversiones en infraestructuras y servicios públicos.
La Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores a Domicilio y la reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora son otras normas que, pese a haber sido aprobadas por los diputados y previsiblemente refrendadas por Nicolás Maduro, tampoco están en vigor.
No obstante, mientras el texto no aparezca en la Gaceta Oficial, ninguna de estas disposiciones se podrá aplicar ni su incumplimiento sancionarse.
¿Misión cumplida?
En una reciente entrevista con la estatal Venezolana de Televisión (VTV), el diputado oficialista Juan Carlos Alemán confirmó que el año pasado el Parlamento sancionó veintiún leyes. La cifra representa el 91% de la meta que el Parlamento se había trazado en su Agenda Legislativa para 2022, la cual estaba conformada por veintitrés proyectos.
El parlamentario, quien es presidente de la Comisión del Poder Popular y Comunicación de la AN, admitió que «nos quedamos cortos» en comparación con 2021. En el primer año de la actual legislatura fueron sancionadas 35 leyes, 40% más que en 2022. En realidad, fueron 38 los textos aprobados en 2021, apuntó el reelecto presidente de la AN, Jorge Rodríguez.
Sin embargo, Alemán recordó que el año pasado 39 leyes fueron aprobadas en primera discusión y «este 2023 esas 39 leyes que ya fueron aprobadas en primera discusión se van a convertir en leyes de la República».
Los objetivos para 2023
Las reformas de las leyes del Poder Popular o la aprobación de otras nuevas como la del llamado Parlamento Comunal y la de la Comunicación son algunas de las prioridades del Parlamento para el año que recién comienza, según lo aseguró Juan Carlos Alemán.
«Queremos darle más poder a la gente. Nosotros no queremos no sé cuantas más alcaldías, sino los 40.000 consejos comunales e incluso más», dijo.
Por último, el legislador anunció que otra prioridad será la aprobación de una ley para regular las redes sociales. En todo caso, habrá que esperar la publicación en los próximos días de la agenda legislativa para 2023.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La situación irregular aquí denunciada refuerza la situación de indefensión e inseguridad jurídica en la que se encuentran los ciudadanos, por cuanto se genera incertidumbre en relación con si los instrumentos aprobados por los diputados ya están en vigor o no. Esto es otro ejemplo de la ruptura institucional en Venezuela, causa de la emergencia humanitaria compleja que afecta al país.
