Trabajo de www.correodelcaroni.com
Este sábado trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) se manifestaron en pro de la restitución de sus beneficios laborales y exigieron a los organismos internacionales especializados en materia laboral voltear la mirada a Guayana para que puedan constatar las violaciones e incumplimientos que ocurren en Venezuela, respecto a los convenios internacionales de trabajo.
La convocatoria se llevó a cabo en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), donde se concentraron obreros de todas las empresas del holding CVG con el fin de llamar a la unidad y enfatizar en que la lucha de los trabajadores de Guayana no es partidista, sino laboral.
El coordinador general del Parlamento Obrero de Base, José Amezquita, destacó que la única política que rige al trabajador guayanés actualmente es la lucha por recuperar sus listines de pago, la pronta entrega de equipos de protección personal y la restitución del salario digno para los trabajadores.
“Como organización hemos consignado más de 20 denuncias en Fiscalía, Inpsasel, Inspectoría del Trabajo… No pedimos cosas del otro mundo, queremos saber cuánto ganamos, dónde está nuestro contrato colectivo. Las organizaciones internacionales vienen, se comen sus uvas y cafés en aire acondicionado, pero a los trabajadores no se les respeta. Antes de reunirse en Caracas deben venir a Guayana a ver lo que sufrimos los obreros de las empresas básicas”, vociferó Amezquita.
Desde 2018 se constató a través de una comisión de encuesta promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en Venezuela existen violaciones a las normativas internacionales en materia laboral debido a la precarización salarial, la persecución sindical y la falta de diálogo tripartito.
Pese a que durante el 2022 se instaló un Foro de Diálogo Social entre el Estado, sector empresarial y las centrales obreras de trabajadores asistido por la OIT, los resultados no han sido los esperados, persistiendo el encarcelamiento a líderes sindicales guayaneses, el acoso laboral y las malas condiciones laborales dentro de las industrias del Estado.
Hasta la fecha, casi un año después de la conformación del foro, no existen acciones concretas para combatir la persecución laboral ni hay una estrategia clara sobre cómo determinar un salario mínimo justo en el país.
Debido a esta situación los denunciantes destacaron que ninguno de los organismos internacionales que estudian el caso Venezuela ha hecho acto de presencia en Guayana, condición que les impide estar enterados sobre la verdadera realidad social de los 200 mil empleados públicos que residen en Bolívar.
No requeridos, una estocada a la precarización salarial
Luego de que el presidente de CVG, Pedro Maldonado, incumpliera con su palabra de reincorporar a los trabajadores que figuran como no requeridos a sus puestos laborales durante el mes de diciembre, los afectados reiteraron su reclamo ante esta situación, alegando que mientras están fuera de planta devengan salarios aún más bajos.
Al respecto, el presidente de la junta directiva de la Asociación Civil Asosiderúrgicos y coordinador general de la Comisión Única de Accionistas B de Sidor, Hermes Rodríguez, recordó que los trabajadores desactivados perciben solo el 25% de su salario, lo que les impide sostener su calidad de vida y acceder a alimentación y salud.
“Exigimos la reincorporación inmediata de todos los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Hemos agotado la vía administrativa. Hemos enviado a Caracas más de 50 documentos a todas las instancias. No hemos obtenido respuesta a la reincorporación de los trabajadores”, alegó Rodríguez.
Recientemente la Unidad de Análisis Económico de Fedecámaras Bolívar desarrolló un estudio en el que determinó que la canasta básica del estado tiene un valor de 492 bolívares, un incremento del 4% respecto al resto del país.
En este orden de ideas, en Bolívar es más costoso comer que en el resto del país, sin embargo, es la entidad con mayor cantidad de trabajadores públicos, quienes perciben un salario de menos de 10 dólares mensuales y en el caso de los empleados no requeridos el monto es aún más bajo.
