La fiscalía peruana informó el viernes del inicio de una investigación a la presidenta Dina Boluarte, tras la denuncia de un grupo de abogados, por las muertes ocurridas en las protestas contra su gobierno que sobrevinieron a la destitución del Congreso de Perú al entonces presidente Pedro Castillo.
Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden dejaron más de una veintena de muertos y cientos de heridos y derivaron en la declaratoria del estado de excepción en las provincias afectadas.
También son investigados el actual primer ministro peruano, Alberto Otárola, por su rol como titular de Defensa hasta el 21 de diciembre; su antecesor en el equipo ministerial, Pedro Angulo, y el anterior ministro del Interior, César Cervantes, entre otros.
La investigación está a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el alto rango de las autoridades señaladas. Se inicia por la denuncia que presentaron los abogados Abimael Méndez, Yuri Martínez, Víctor Porras y Jack Diburga ante la fiscalía para casos de derechos humanos, interculturalidad y terrorismo de Ayacucho, una de las regiones con más víctimas mortales en estas protestas, contra Boluarte, Angulo, Otárola y Cervantes.
Las protestas en Perú, en contra del nuevo gobierno de Dina Boluarte, dejaron más de 20 muertos y cientos de heridos. La Defensoría del Pueblo registra 28 fallecidos: 22 en enfrentamientos y 6 por accidentes de tránsito y otros hechos vinculados a los bloqueos de estas convulsiones.
El despacho de Boluarte comunicó que ella “saluda la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre” y aseguró que «dará todas las facilidades para el pronto esclarecimiento de los hechos”.
Más temprano, en una ceremonia de aniversario de la Junta Nacional de Justicia, entidad que designa y sanciona a jueces y fiscales, Boluarte anunció que el próximo lunes se reunirá el Acuerdo Nacional, una convocatoria para entidades del Estado, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil para acordar lineamientos de políticas para el país.
Pidió “consensuar principios básicos y políticas para avanzar con una reforma que genere una justicia eficiente y confiable” y que aborde “temas para lograr la paz social”.
En la tarde, la Defensoría del Pueblo reportó movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 29 provincias. Además, 56 puntos de bloqueo en vías nacionales y un enfrentamiento de civiles con fuerzas del orden en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, en la región Puno, en el sur peruano, donde manifestantes quemaron un vehículo de la policía.
También reportó hostilidades entre distintos sectores de la sociedad en la localidad de Pichanaqui, en la región de Junín, en el centro del país, y el cierre de compuertas de un túnel en la provincia de Chota, de donde es oriundo Castillo, en la región de Cajamarca, en la sierra norteña, para desviar agua que se usa para irrigar tierras de otra jurisdicción.
En la sureña Juliaca, los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto y hubo más de una decena de heridos, entre civiles y policías, y un vehículo policial blindado incendiado. El terminal aeroportuario informó de la suspensión de sus operaciones por los hechos violentos.
En Lima, las empresas de transporte terrestre de pasajeros mantienen la suspensión de los viajes hacia las ciudades del sur peruano, donde la convulsión ha mantenido mayor intensidad.
Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde el 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado con un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó como presidenta ese mismo día por ser sucesora constitucional.
Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, iba a asilarse en la embajada de México en el país. Está en prisión preventiva por 18 meses mientras las autoridades lo investigan por presunta rebelión y conspiración.
Los manifestantes exigen nuevas elecciones, el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte. Los más afines a Castillo reclaman también que sea liberado o incluso repuesto en la presidencia.
El viernes, la Fiscalía logró que el Estado incaute un inmueble ubicado en un distrito de Lima que usó Castillo en su campaña electoral y en el inicio de su gobierno en el 2021. Según los fiscales, allí tuvo reuniones para tramar diferentes hechos de corrupción.
La Fiscalía también anunció que ha pedido al Poder Judicial que ordene prisión preventiva por 36 meses para la esposa de Castillo, Lilia Paredes, quien logró salir del Perú hacia México, donde permanece con asilo político. Antes solo había solicitado impedimento de salida del país y otras restricciones. Un juez debe decidir si accede al nuevo pedido.
