“El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles”, un mandato de la Carta Magna.
Precisa delitos como el homicidio, esclavitud, violación y demás actos de violencia sexual grave violencia, el traslado forzoso de población, tortura, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, la persecución de determinados grupos de la población, segregación racial, y en general todos aquellos actos cometidos con la intención de causar grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las víctimas.
El 17 de julio 1998, en Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de la ONU creo una Corte Penal Internacional (CPI) aprobada por 120 Estados que reconocen esos graves crímenes constituyen amenaza para la paz, seguridad y bienestar de la humanidad.
Venezuela firmó Estatuto de dicho CIP en este régimen el 7 de julio 2000. Tamara Taraciuk, Subdirectora, División de las Américas, declaró que septiembre de 2020, se presentó primer informe en el que se detallaron casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU, afirma que el presente régimen utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país.
¿Cómo está manejando este delicado balance la CPI en Venezuela? La fiscalía a cargo de Karim Khan, abrió un examen preliminar en 2018 y una investigación formal en 2021. La investigación había quedado en suspenso cuando el régimen en un intento desesperado por retrasarla adujo que ya estaba investigando los crímenes.
Khan, concluyó que no estaban investigando los “patrones y políticas” de crímenes de lesa humanidad y que los procedimientos parecen centrarse en agentes de las fuerzas de seguridad de rangos inferiores en delitos que se consideran de gravedad “menor”. Observó, que casi el 70 % de los 893 casos que el régimen informó se encuentran en una etapa preliminar de investigación. Sólo en 28 de ellos se aprecian avances “progresivos” en la investigación.
Poder judicial ha dejado de funcionar como un poder independiente desde que el entonces presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional coparon políticamente el TS en 2004.
En la ejecución de un plan orquestado por Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel se probó que para reprimir a la oposición al Gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad
Tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos. El papel fundamental de la Corte Penal Internacional para la justicia en Venezuela.
Venezuela entró en el Consejo de DDHH 2019 por el período 2020-2022 y presentó su candidatura para la reelección en la sede de la ONU en Nueva York. Fracasó Nicolás Maduro buscaba la reelección.
“El requisito fundamental para ser miembro del consejo, de acuerdo con la normativa que lo regula, es que cumpla con los estándares de cumplimiento de DDHH y obviamente no es el caso de Venezuela Quedó Fuera”.
Vergüenza debería sentir el liderazgo de Oposición, que ni siquiera se ocupa de acusar la acción contra el crimen de lesa humanidad.
(IN) Memoria: Buena parte de jefes de Gobierno venezolano tenían ascendencia colombiana. A Carlos Andrés Pérez le tildaban de colombiano y para desmentirlo él presentó su partida de nacimiento. Nicolás Maduro, alcahueteado por seguidores, no prueba su natalcio…
Alberto Jordán Hernández
