En un balance que publica la ONG Acceso a la Justicia sobre el Arco Minero, expone que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) de la ONU evidenció que miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y cuerpos policiales están en alianza con grupos irregulares y criminales para aprovecharse de los recursos de la zona.
Abusando de la población local, estas figuras aprovechan para lucrarse violando los derechos humanos.
Además, especifican cuáles son las vías por las cuales los uniformados de las autoridades se enriquecen a costa de la explotación minera, destacan aspectos como el cobro de sobornos a mineros ilegales para entrar a la minas, contrabando transfronterizo de mercurio y oro, transporte aéreo en las zonas mineras, distribución de combustible y prestación de servicios de seguridad a las minas ilegales.
Este señalamiento está expresado en segundo informe que la instancia presentó el pasado 20 de septiembre al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«La Misión ha recibido información creíble de que miembros de las fuerzas de seguridad están en connivencia con “sindicatos”y otros elementos criminales involucrados en el sector minero (…) dicha colaboración ha ido desde la aceptación tácita de la presencia de grupos armados, la colusión activa entre actores estatales y no estatales de bajo rango, hasta supuestas alianzas estratégicas de alto nivel para “limpiar” las minas de ciertos “sindicatos”.
Aunque en el informe, no aseveran que esto sea producto de una política de Estado, pero sí apuntan que la Constitución y las leyes «brillan por su ausencia».
