La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volverá al Perú con una misión en enero para acabar su evaluación de la situación en ese territorio por la convulsión devenida tras la destitución del presidente peruano Pedro Castillo, que dejó 27 muertos y cientos de heridos, según anunció el lunes el Gobierno del país andino.
“El Perú ha formalizado una invitación a una misión de alto nivel de la CIDH para que, en base al trabajo realizado en la visita técnica del 20 al 22 de diciembre, culmine sus labores, con la plena colaboración de las autoridades peruanas”, publicó Cancillería.
Añadió que esa misión visitará el Perú en fecha de enero que definirán ambas partes.
Una delegación de la CIDH hizo una visita al Perú la semana pasada para evaluar la crisis política y la convulsión, que ahora está en tregua parcial por fiestas de fin de año.
El jueves pasado, se reunió con Castillo en la prisión que lo alberga en Lima y más tarde con sus familiares. El primero comparte reclusión con el expresidente Alberto Fujimori.
También estuvo con la presidenta Dina Boluarte, que sucedió a Castillo; la defensora del Pueblo, Eliana Revollar; representantes de las organizaciones de derechos humanos; el presidente del Congreso, José Williams, y su mesa directiva; gobernadores regionales; jefes militares; autoridades del sistema de justicia; víctimas y familiares de los fallecidos
Castillo ha presentado una demanda de medida cautelar ante la CIDH en que alega que hubo irregularidades en su aprisionamiento. Su abogado, Wilfredo Robles, ha expresado su preocupación por un presunto retardo por parte de la CIDH para atender este recurso.
Las protestas en Perú, que han generado 27 muertos y cientos de heridos, se desencadenaron luego de que Castillo fue destituido de la presidencia por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado con un mensaje televisivo. El exgobernante fue detenido y permanece preso mientras las autoridades lo investigan por presunta rebelión y conspiración. Los manifestantes exigen nuevas elecciones, cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte. Los más afines a Castillo también reclaman que sea liberado.
