La declaratoria de emergencia nacional decretada el miércoles por el gobierno de Dina Boluarte, ha incrementado las protestas sociales derivadas de la crisis política peruana.
Una semana de protestas suma ocho muertos y cientos de heridos. Cinco de los fallecidos son de la ciudad andina de Andahuaylas donde las protestas tienen por objetivo exigir nuevas elecciones. Esa población amaneció el jueves con policías armados de fusiles resguardando la sede policial.
Pese al estado de emergencia, no se observaba presencia de soldados del Ejército en las calles, pero en la víspera patrullaron camionetas blancas con soldados armados por algunas calles de Andahuaylas. Los caminos de salida de la ciudad están bloqueados y el terminal terrestre de buses y taxis, vacío por temor a las protestas de más tarde.
Algunos comerciantes regentes de tiendas de abarrotes limpiaban las calles llenas de piedras y de cenizas de neumáticos quemados, pero tenían previsto cerrar sus tiendas temprano por la mañana ante las fuertes protestas impulsadas por campesinos de las aldeas rurales cercanas.
Castillo fue detenido el miércoles de la semana pasada luego de dar un mensaje televisivo, como presidente de la República, en que anunció la disolución del Congreso y la intervención de varias entidades del Estado. En esa misma jornada fue destituido por el Congreso de su cargo y quedó detenido. Al día siguiente, un juez dispuso que siga cautivo 7 días como medida de detención preliminar, que se cumplió el miércoles de esta semana.
Al agotarse el plazo, la Fiscalía hizo un nuevo pedido, la noche del martes, para extender la prisión preventiva a 18 meses. Mientras el juez no decida sobre este requerimiento, Castillo debe seguir cautivo. Si el magistrado Checkley acepta la solicitud, se prolonga la prisión al exgobernante.
El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay destacó que el día de su detención Castillo había pedido detener a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien lo investiga por presuntos delitos de corrupción. Aclaró que esta petición de Castillo -que fue pronunciado cuando se movilizaba en comitiva por Lima después de ordenar la disolución del Congreso- no se extendía a otras autoridades, según ha declarado como testigo el exministro del Interior, Willy Huerta.
Castillo fue detenido después cuando, según la Fiscalía, iba a la embajada de México a asilarse.
Lea también: Declaran estado de emergencia de 30 días en Perú
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha contado que Castillo lo llamó para pedirle asilo y que dispuso que se le permita el ingreso a la embajada en Lima.
La reacción de Perú ante el respaldo manifestado por Argentina, México, Colombia y Bolivia a Castillo, a quien siguen reconociendo como presidente peruano, ha sido el jueves llamar a consultas a sus embajadores en estos países.
“La presidenta representa al Estado dentro y fuera de la Nación, y dirige la política exterior», arranca el pronunciamiento de la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi. La postura de las cuatro naciones vecinas es una «intromisión de los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países”, afirmó la funcionaria del gobierno de Dina Boluarte.
El pedido de prisión preventiva de 18 meses también es para el ex primer ministro del Perú Aníbal Torres, que era asesor del gobierno de Castillo y cuya localización es desconocida. Sin embargo, reapareció en conexión virtual en la audiencia y se limitó a expresar conformidad con su defensa.
El juez tiene hasta el viernes de esta semana para decidir si ordena prisión preventiva para Castillo, pero anunció que se pronunciará la tarde del jueves.
