El nuevo gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia por 30 días en todo el país.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, dijo que la medida se tomó “debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y que requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno”.
Otárola dijo que aún se está por definir si la medida incluirá un toque de queda.
Desde el cambio de gobierno, se suceden las protestas, con un saldo hasta ahora de seis muertos y un centenar de heridos, según la Defensoría del Pueblo, además de daños a diversas propiedades de empresas y del Estado. Los manifestantes reclaman el cierre del Parlamento, adelanto de elecciones, renuncia de Boluarte y algunos la libertad del expresidente Pedro Castillo.
Se declaró el estado de emergencia en momentos que Castillo afronta un pedido de la Fiscalía de extender su prisión preliminar a 18 meses, mientras se lo investiga por delitos de rebelión y conspiración debido a la intentona de golpe de Estado del 7 de diciembre. La audiencia se pasó al jueves.
Castillo permanece con detención preliminar de 7 días, que se cumplen el miércoles, pero deberá seguir preso hasta que el Poder Judicial decida si acepta o no el pedido de la Fiscalía.
El Poder Judicial convocó para el jueves por la mañana a la audiencia en que un juez debe escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa del expresidente para luego decidir si aplica o no prisión preventiva a Castillo.
El miércoles se suspendió la sesión en que se iba a evaluar el caso, a pedido de la defensa del expresidente, que alegó no haber sido notificado.
Una sala de la Corte Suprema ratificó la víspera la detención de siete días a Castillo al rechazar la apelación que presentó en intento de anular la orden judicial que lo tiene preso.
Un argumento del tribunal para rechazar la apelación y ratificar la detención fue que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había contado que Castillo lo llamó para pedirle asilo político y se dirigía a la embajada de México en Lima cuando fue detenido. El pedido de la Fiscalía también considera este argumento.
