La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos de un magnate de los medios de comunicación para que aprobara lucrativas transacciones de divisas cuando fue directora de la Oficina Nacional del Tesoro.
Un jurado en Fort Lauderdale, Florida, deliberó apenas unas cuantas horas para declarar culpables a Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, de cinco de los seis cargos detallados en el acta acusatoria en la que se les imputó haber aceptado sobornos por al menos 4,2 millones de dólares.
La pareja, que será sentenciada en febrero, enfrenta un máximo de 20 años de prisión por cada cargo penal.
El juicio de la pareja era considerado una prueba crucial de la capacidad de la fiscalía federal para hacer que personas señaladas como cleptócratas venezolanas rindieran cuentas por sus acciones indebidas en la nación petrolera.
El Departamento de Justicia ha investigado enérgicamente la corrupción en el gobierno socialista de Venezuela, al aprovechar la postura única de Estados Unidos como el destino favorito hasta fecha reciente de allegados al régimen venezolano para guardar sus fortunas mal habidas.
Sin embargo, Díaz fue la primera exalta funcionaria que se defendió de los cargos y si hubiera conseguido la libertad habría significado un fuerte revés a las indagaciones que habían durado una década.
Según la acusación formal, la pareja recibió pagos de parte de compañías controladas por Raúl Gorrín — un magnate de los medios que actualmente se encuentra prófugo — en cuentas en Miami que supuestamente fueron usadas para financiar la lujosa vida de la pareja, que era inexplicable fuera de este contexto.
El caso del gobierno se sustentó en buena medida en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz en la Oficina del Tesoro: Alejandro Andrade, quien declaró desde el estrado como testigo que con Díaz continuó funcionando el acuerdo de pagos ilícitos que él había concertado en un principio con Gorrín.
Al igual que Díaz, Andrade, un exagente de seguridad presidencial, sacó provecho de su relación personal con Chávez para ascender en el ejército y en la política venezolana, amasando una enorme fortuna casi de la noche a la mañana.
Salió de prisión en 2021 luego de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años por su participación en un ardid para desviar millones de dólares de las arcas del Estado. Como parte de su acuerdo con la fiscalía, renunció a más de 260 millones de dólares en efectivo y activos, incluyendo una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo, caballos de exhibición y varios relojes Rolex y Hublot.
Los abogados de la pareja se dijeron decepcionados del veredicto. “Continuaremos la batalla judicial a favor de nuestros clientes”, dijeron Marissel Descalzo y Andrew Feldman en un comunicado.
El juicio se produjo en momentos en que las relaciones usualmente hostiles entre Estados Unidos y Venezuela comienzan a descongelarse tras la política del gobierno del presidente Donald Trump de “máxima presión” para derrocar al mandatario Nicolás Maduro.
Más recientemente, el gobierno del presidente Joe Biden relajó las sanciones petroleras en contra de la nación sudamericana perteneciente a la OPEP, permitiéndole a la compañía petrolera estadounidense Chevron reanudar su producción en Venezuela luego de más de tres años para apoyar las incipientes negociaciones entre el gobierno y la oposición.
Pero las investigaciones penales en marcha en contra de allegados del gobierno de Venezuela siguen bajo el microscopio en el sur de Florida, donde residen millones de venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyeron de los regímenes izquierdistas de sus países.
