La información presentada por el Ministerio Público acerca de los 1.024 casos registrados en el mes de noviembre sobre el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en Venezuela, pone en evidencia un problema que rebasa la capacidad de respuesta, del Estado en primer lugar, y del resto de la sociedad, en segundo término.
“Esta cifra es alarmante y debe convocar a la sociedad civil, a la familia y al Estado a contrarrestar esa situación. La infancia pasa rápido y debemos actuar en consecuencia”, explicó la profesora Luisa Pernalete, integrante del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, y de la Red de Convivencia y Ciudadanía.
Pernalete, activista y defensora de los derechos humanos, destacó que el cierre de las escuelas por la pandemia, complicó el resguardo o la poca protección que tenían algunos niños. En la mayoría de los casos, los integrantes de la familia no cuentan con herramientas psicológicas para canalizar las emociones que experimentan -como las frustraciones y decepciones-, ante la realidad socioeconómica y política a la que están expuestos.
«Los casos de violencia sexual son terribles, casi siempre suele estar implicado en la agresión una persona muy cercana a la víctima o un familiar. Se trata de gente adulta enferma, lo cual no los excusa por ese comportamiento. En Lara seguimos conmocionados por el caso del niño de siete años que fue torturado y abusado sexualmente en su casa por cuatro mujeres. El hecho ocurrió en Barquisimeto, e involucró a tres familiares directas del pequeño, según las informaciones del Ministerio Público», indicó.
“Se debe seguir exigiendo al Estado que trabaje para disminuir este tipo de hechos, es una deuda con la sociedad”, agregó Pernalete.
Para el sociólogo Carlos Meléndez Pereira, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara), el abuso sexual y violencia hacia los niños, niñas y adolescentes lo contextualiza un entorno lleno de maltratos, tratos crueles y pobreza que se combinan para marcar las etapas de muchas de las vidas que crecen en este nuevo siglo.
Meléndez Pereira señaló que el acelerado proceso de empobrecimiento en Venezuela, que se inició con la escasez de alimentos en el año 2016, la migración forzada y la cuarentena por la pandemia, dejó más vulnerables a los niños, niñas y adolescentes.
“Las desigualdades sociales se expresan también a lo interno de las familias. Las mujeres son las jefas del hogar y están encargadas de las labores de cuido de los hijos, pero la necesidad les obliga a alejarse de sus viviendas para buscar el sustento. Así se crea un contexto de vulnerabilidad que los agresores de menores aprovechan”, dijo.
El también profesor universitario hizo énfasis en la manera en que durante la pandemia se evidenció el incremento de la violencia intrafamiliar, que ya afloraba como una consecuencia de factores como el hambre y el desempleo antes de la declaración del estado de alarma por el Covid en 2020.
“Ello tiene un componente sociopolítico relacionado con la desprotección de la familia por parte del Estado y otro sociocultural, vinculado al machismo; esos dos factores, junto con lo socioeconómico, generaron los brotes de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Venezuela que aún persisten”.
El profesor Meléndez Pereira explicó que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes deja en ellos secuelas físicas y psicológicas que prolongan el riesgo de vulnerabilidad.
“Es en las familias más pobres donde se observa en mayor grado la desigualdad y ello contribuye a generar condiciones de fragilidad. Así agarran forma los perfiles violentos en los niños para ser captados por el crimen organizado y mantener estos lamentables indicadores en el mediano y largo plazo”, destacó.
Agregó que se debe colocar en la agenda de los representantes del Estado este problema. “Hay que hacer un escrutinio constante sobre las causas, consecuencias y factores de riesgo vinculados a estos hechos. Es necesario trascender los esquemas de la mera información, tan comunes en las redes sociales; se debe conocer tanto los sucesos violentos como las actuaciones policiales que son mostradas por las autoridades como formas de hacer justicia y que en muchos casos restringen análisis más completos sobre los contextos de las familias, las responsabilidades del Estado y las culturas generadoras de los comportamientos violentos y sus múltiples nexos”, puntualizó el profesor.
El coordinador del OVV Lara y la profesora Pernalete coinciden en resaltar que se debe trabajar más y mancomunadamente en las instancias de la sociedad civil para el resguardo de los niños, niñas y adolescentes.
“Los activistas por los derechos humanos y de la infancia debemos organizarnos mejor. Lo que existe es insuficiente. Ya debería haber una red de derechos en Lara para este sector tan vulnerable. Debemos actuar conjuntamente en la educación de la familia, exigirle al Estado su responsabilidad y nosotros desde la sociedad civil, asumir que somos corresponsables del bienestar de estas personas. Debemos articularnos más y hacer campañas permanentes de prevención para disminuir los casos de abusos sexuales contra los menores”, sentenció Pernalete.
