La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), compuesta por exjefes de Estado y de Gobierno de varios países, emitió una declaración sobre el indulto a manifestantes de la «primera línea» en Colombia.
El presidente Gustavo Petro busca, mediante un decreto, liberar a individuos involucrados en graves delitos durante el ‘Paro nacional’.
En este contexto, los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, señalan que «la defensa de la democracia exige como elemento esencial el respeto irrestricto de la independencia de poderes, a tenor de lo previsto en la Carta Democrática Interamericana, y en su relación con la Convención Americana de Derechos Humanos.
«El ordenado funcionamiento de los poderes conformados independientemente reconoce las
potestades que distintas constituciones de la región conceden a los jefes de Estado para
otorgar indultos, a los poderes legislativos para acordar amnistías y, por supuesto a los
poderes judiciales para impartir Justicia», agregan.
Bajo esa premisa, manifiestan que «preocupa que el Gobierno de Colombia pretenda facilitar que personas con graves evidencias en su contra de la comisión de delitos comunes, mediante acciones colectivas, eludan sus responsabilidades ante la justicia».
Añade que «para conseguir ese objetivo planea tratar sus casos bajo figuras jurídicas que sólo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de grupos armados organizados en el contexto de los procesos de paz».
De ser así, apunta el Grupo IDEA «se estará configurando un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en Colombia y de la autonomía de su Justicia, elementos esenciales de una de las democracias más antiguas del continente».
Por ese motivo, destacan que respaldan «las preocupaciones por varias autoridades judiciales de Colombia a través de los medios de comunicación social y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que observe atentamente el desenlace de esta cuestión y se asegure que no ocurran alteraciones del Estado constitucional y democrático de Derecho en Colombia».
«Existe una tendencia creciente en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional respecto a limitar que las condenas
impuestas por tribunales penales por graves violaciones a los derechos humanos sean
perdonadas o extinguidas por decisiones discrecionales de los Poderes Ejecutivo o
Legislativo”, concluyen.
