Mineros del municipio Piar manifestaron la mañana de este 08 de diciembre en la troncal 10 a la altura de la entrada de Upata, vía perimetral, para exigir el cese de los atropellos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Yonni Aviles, vocero de la protesta, afirmó que los pequeños y medianos mineros sienten que sus derechos humanos están siendo vulnerados ante los constantes amedrentamientos que se traducen en pérdida de materiales y de puestos de trabajo.
“Llegan a los molinos y destruyen todo, maltratan a mujeres y niños, ya estamos cansados, pedimos que nos dejen trabajar”, señaló.
Los mineros cuestionaron que luego de haber sido parte importante en la actividad económica del estado Bolívar durante los tiempos de pandemia, ahora el Estado venezolano no los reconozca y los dejen sin fuentes de ingreso.
“El estado Bolívar se sustentó durante la pandemia por la actividad minera, cuando extraíamos cantidades de oro sí nos apoyaron, ahora nos quieren dejar en la calle”, lamentó Aviles. Los ciudadanos aseguraron que la violación de derechos humanos no solo afecta al pequeño y mediano minero del municipio Piar, en Sifontes y Roscio también se están ejecutando acciones en contra del trabajador de la minería artesanal.
Operación Roraima
Los primeros días del mes de noviembre, el comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB), G/J Domingo Hernández Lárez, dio a conocer a través de Twitter el inicio de la Operación Roraima, realizada en las adyacencias de Tumeremo, en el estado Bolívar con el fin de incautar armas, municiones, explosivos y drogas.
El militar aseguró que el fin de la misión, que se extendería por todo el sur del estado Bolívar, sería la desactivación e intervención de los grupos ilegales armados dedicados al narcotráfico y minería ilegal.
Con la Operación Roraima sería la segunda ocasión en menos de tres meses que fuerzas militares incursionan en terrenos mineros.
Durante el mes de agosto, la Región de Defensa Integral Oriental (Redi- Oriental), daba inicio a la Operación Conjunta Autana 2022 en el eje transfronterizo del estado Bolívar con el propósito de erradicar grupos Tancol y Gedo. En esta oportunidad, comunidades mineras denunciaron violaciones de derechos laborales, detenciones arbitrarias y destrucción de sitios de trabajo.
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