El régimen de Nicolás Maduro suscribió el viernes una serie de acuerdos con la petrolera estadounidense Chevron para la continuación y la ampliación de las operaciones conjuntas en el país sudamericano.
Chevron, la última gran compañía petrolera estadounidense que mantiene sus negocios en Venezuela, redujo drásticamente sus operaciones en años recientes por orden del gobierno del ahora expresidente Donald Trump como parte de las sanciones impuestas al gobierno venezolano.
En lugar de perforar y exportar crudo se dedicó después de esa decisión a realizar mantenimiento esencial en los campos petroleros y las maquinarias en las que en el siglo pasado realizó inversiones con un valor estimado de 2.600 millones de dólares.
En abril del año próximo Chevron cumple 100 años en Venezuela.
La compañía Chevron forma parte de “una sociedad estratégica” de cuatro empresas mixtas Petro Boscán y Petro Independente en la cuenca del Lago de Maracaibo en el extremo occidente de Venezuela, y Petropiar y Petro Independencia, ubicadas pesado en la llamada “Faja Petrolífera” del río Orinoco, donde se localizan grandes yacimientos de crudo extrapesado y que superan a Arabia Saudí como la nación con las mayores reservas probadas del mundo, según estadísticas de la OPEP.
“Estos contratos tienen como objetivo continuar con las actividades productivas y de desarrollo en este sector energético”, acordes a los términos establecidos en la constitución y demás leyes venezolanas, resaltó sin dar detalles, el ministro petróleo venezolano Tareck El Aissami tras la firma de los contratos Estuvo acompañado del presidente de Chevron en Venezuela, Javier La Rosa.
La firma de acuerdos se produjo seis días después que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara su decisión de ampliar la licencia de las operaciones de Chevron en Venezuela después de años de sanciones que han reducido drásticamente los ingresos por la producción y venta de petróleo y gas a las arcas del gobierno de Maduro.
El alivio de las sanciones, más allá de la actividad petrolera, buscaba alentar la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Maduro y el sector de la oposición venezolana -liderada por Juan Guaidó y respaldada por Washington- que retomaron el 26 de noviembre en México los diálogos suspendidos desde octubre del año pasado.
La decisión de la administración del demócrata Joe Biden fue el más reciente gesto de Washington para aliviar algunas de las sanciones económicas que pesan sobre el gobierno venezolano y varios altos funcionarios, incluido el propio Maduro.
La ampliación de licencia, empero, contempla que las ganancias de la venta de crudo se destinarían a pagar la deuda que mantiene con la petrolera estadounidense, en lugar proporcionar ganancias a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Las sanciones estadounidenses buscan impedir que el gobierno socialista venezolano pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, acceder a activos internacionales de Venezuela y negociar con petróleo, oro u otros activos. Washington, además, prohibió a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar a Maduro a dejar el poder, argumentando que fue electo en 2018 en unos comicios fraudulentos.
