Trabajo de www.radiofeyalegrianoticias.com
Desde el mismo momento en que la administración de Maduro promulgó el Arco Minero con el estado Bolívar como parte fundamental de su existencia, los Derechos Humanos de quienes viven en las zonas de influencia, como Canaima, empezaron a sufrir consecuencias por la minería ilegal.
Uno de los casos es el de los indígenas pemones al sur del estado Bolívar. Desde tiempos no determinados con precisión, ya practicaban la minería artesanal con fines de subsistencia y Canaima no escapa de esto.
Un informe de ACNUR indica que de 4.996 indígenas venezolanos refugiados en Brasil, el 30% pertenece al grupo étnico pemón.
Con la creación del Arco Minero y con el Estado tomando las zonas auríferas del país, también llegaron los grupos armados al margen de la ley. La consecuencia inmediata fue la precarización de la vida de los pemones, el desplazamiento forzado y el auge de violaciones de otros Derechos Humanos.
“Una de las consecuencias de estos cambios es la precarización de su vida debido al efecto conjunto de la economía perversa minera y la emergencia humanitaria compleja que vive el país”, reseñó la ONG Clima 21 en su último informe.
Hubo un retroceso en las promesas hechas
Contrario a lo que el Estado venezolano prometió en el 2011 de fomentar el desarrollo las zonas auríferas, instaurar una política económica inclusiva y la explotación minera sustentable, los hechos demuestran que se ha retrocedido en todo.
En el territorio de los indígenas pemones han venido ocurriendo una serie de confrontaciones. Estas están relacionados con las pugnas por controlar las minas.
En cada uno de estos hechos violentos, con pérdidas humanas en muchos de los casos, involucran a indígenas, militares, cuerpos policiales y delincuencia organizada.
De acuerdo con el informe de Clima 21, los hechos de violencia solo han servido para que el Estado venezolano justifique la militarización del territorio. Además, el gobierno instauró una escalada de “represión y violencia” contra los pobladores locales, detallan.
“En un principio la mayoría de las mismas no estaban relacionadas con la actividad minera en sus territorios, tema que va a cobrar relevancia a partir de finales del siglo XX y principalmente luego del año 2011”, advirtió Clima 21.
La ONG también mencionó que desde los años 80 del siglo XX, el crecimiento acelerado de la minería artesanal de oro y diamante generó el ingreso al territorio venezolanos de mineros ilegales brasileños, conocidos como “garimpeiros”.
Las investigaciones de Clima 21 permitieron conocer que durante los últimos diez años han sido asesinadas 17 personas como consecuencia de la violencia relacionada con el control de los recursos mineros en territorio pemón.
Adicionalmente, un número no precisado de indígenas se han visto forzados a migrar para huir de la violencia y la persecución en un proceso desorganizado, descontrolado y generador de problemas sociales, ambientales, económicos y sanitarios.
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