El gremio académico sostiene que una ley dirigida a la coordinación y armonización de potestades legislativas estadales y municipales, no debe delegar a órganos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional el ejercicio unilateral de las funciones dirigidas a esos objetivos, sino solamente a su implementación técnica.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales hizo un llamado público a la Asamblea Nacional oficialista y en especial a los integrantes de la comisión legislativa que examina el proyecto de ley de Armonización Tributaria, para que «reciba democráticamente la participación de todos los sectores del país», organismos, gremios, asociaciones y expertos tributarios, interesados o dotados de conocimiento en la materia, a fin de que se logre un instrumento legislativo acorde con las necesidades del país.
Señaló a través de un comunicado que el proyecto de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios «debe partir de la noción de sistema tributario invocada en el artículo 316 de la Constitución, con proyección unificadora y sincronizadora de la multiplicidad de tributos creados por todos los tres niveles político territoriales del Poder Público».
Rechazó la Academia la llamada unidad de cuenta dinámica, que se establece en el proyecto, la cual está destinada a ser referencia para el cálculo actualizado de las bases de los tributos, accesorios y sanciones, con adopción de la moneda extranjera de mayor valor, aunque se prevea el pago en bolívares.
«Ese pretendido ajuste (i) desnaturaliza la obligación tributaria convirtiéndola en una obligación de valor; (ii) implica una múltiple forma de ajuste de la obligación tributaria que distorsiona la capacidad económica efectiva de los contribuyentes; (iii) desconoce el uso del bolívar como: (a) moneda de curso legal para la denominación de los tributos y; (b) moneda funcional del entorno económico de la tributación y de las finanzas públicas del país. Todo ello, en infracción de los artículos 316, 318 constitucionales, 146 del Código Orgánico Tributario y 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela», se indicó en el comunicado.
Recientemente, el presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, diputado Jesús Faría anunció que el proyecto de ley debe entrar en vigencia partir del 1° de enero de 2023.
Afirmó que la AN continúa sistematizando los aportes de todos los sectores que participaron en la consulta pública y declaró que acelerarán la elaboración del informe para la segunda discusión y aspiran a entregarlo la semana próxima ante la Directiva del Parlamento para debatirlo en Cámara Plena.
Faría aseguró que la norma jurídica fortalecerá a los gobiernos locales y regionales en su capacidad de recaudación, para poder aumentar sus ingresos, realizar las inversiones en su espacio geográfico y avanzar en un sistema tributario nacional.
Sin embargo, a juicio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales no deben quedar fuera de las medidas de coordinación y armonización que ha de adoptar el legislador nacional, las dirigidas a racionalizar, compatibilizar y modernizar la normativa tributaria aplicable al sector de los hidrocarburos, con miras a generar el máximo de seguridad jurídica y verdaderos incentivos en un área prioritaria en la reactivación de la economía nacional.
Argumentó igualmente que una ley dirigida a la coordinación y armonización de potestades legislativas estadales y municipales, no debe delegar a órganos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional el ejercicio unilateral de las funciones dirigidas a esos objetivos, sino solamente a su implementación técnica.
