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En el año 2021, se aprobó la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes, pero de acuerdo con la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), los casos de abuso sexual no han disminuido.
A través de un comunicado, Cecodap recordó que la Fiscalía ha registrado 1.024 casos de pedofilia entre enero y octubre de este año.
Por otra parte, el Ministerio Público informó de la imputación de 1.426 agresores y que, hasta el momento, se han condenado a 752 personas con penas de entre 25 y 30 años.
Pese a que hace un año se aprobó una ley contra la pedofilia, Cecodap señaló que «los casos de abuso sexual siguen en aumento».
De acuerdo con el informe del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, entre abril de 2021 y marzo de 2022, se registró un incremento en solicitudes relacionada al abuso sexual (24,59% casos recibidos de abuso sexual).
A su vez, en el Servicio de Atención Psicológica de Cecodap, el ingreso de pacientes por violencia sexual aumentó 91% desde 2018 a 2021, añadió la ONG.
En ese sentido, Cecodap señaló que la implementación de esta ley no ha cumplido con «garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes sus derechos a ser protegidos contra cualquier forma de abuso sexual».
¿Las víctimas son la prioridad?
Según señala Cecodap, en esta ley se observa un «desarrollo normativo que busca el resguardo hacia las víctimas que han sufrido de abuso sexual».
Además, el texto reconoce un conjunto de derechos de cara a facilitar el proceso de la denuncia y servicios forenses especializados.
Sin embargo, para la ONG, en ese cuerpo normativo no hay menciones específicas con relación a los protocolos de atención a las víctimas, lo que se considera una de las principales deudas legislativas.
Por otro lado, en el texto tampoco se desarrolla un régimen sancionatorio y disciplinario para funcionarios públicos que amenacen o violen los derechos especialmente reconocidos en esta ley cuando la víctima sea un niño, niña o adolescencia.
¿Qué hacer?
Cecodap recuerda que la violencia tiene un «efecto devastador» y «graves implicaciones» en la niñez y adolescencia. Ante eso, las situaciones de abuso sexual deben ser prioridad absoluta para el Estado, las familias y la sociedad.
En ese sentido, de acuerdo con la organización, lo mínimo que como ciudadanos se debe exigir al Estado, como garante de derechos, es lo siguiente:
Garantizar el acceso y la atención a servicios especializados de medicina y ciencias forenses
Garantizar el acceso y atención especializada a los servicios de policía de investigación penal
Tener preferencia y celeridad con los trámites y decisiones de los procedimientos administrativos y judiciales referidos a abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes
Establecer mecanismos para la no revictimización a los niños, niñas y adolescentes en condición de víctimas de abuso sexual
Adoptar medidas necesarias para asegurar que las víctimas y sus familiares reciban un trato digno, respetuoso y cálido
Simplificar el lenguaje judicial, utilizando una terminología sencilla y adecuada a la edad y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellas o aquellos con algún tipo de discapacidad.
Garantizar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes durante su permanencia en el órgano administrativo o jurisdiccional.
Incorporar en los programas académicos contenidos para el entendimiento y autoprotección de su derecho de salud sexual y reproductiva.
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