Jubilados, pensionados y trabajadores activos de las empresas básicas de Guayana denunciaron este 16 de noviembre el robo de 50 días de utilidades, así como la ejecución de labores sin los implementos de seguridad correspondientes.
A las afueras de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Hugo Medina, presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol), instó a Nicolás Maduro a visitar Guayana para resolver las problemáticas que afectan a los empleados de las industrias básicas.
“Seguimos sumergidos en la pobreza extrema, nos conculcaron nuestros derechos”, dijo al afirmar que por lineamientos de Maduro les arrebataron 50 días del pago del bono sustitutivo de utilidades, un beneficio ganado luego de entregar más de 30 años de servicios a las empresas.
Además, Medina alertó que los jubilados y pensionados siguen muriendo por falta de atención médica ante el desconocimiento de los beneficios contractuales.
“A todos los trabajadores activos, a los que esperan el pago de sus prestaciones sociales, el llamado es a concentrarnos el próximo miércoles para tomar definitivamente la Corporación hasta que Maduro resuelva las problemáticas laborales”, sostuvo el presidente de Fedajupebol quien recordó que han agotado todas las vías legales sin obtener respuestas.
Trabajadores en riesgo
Luego de los recientes accidentes laborales registrados en Ferrominera Orinoco y la muerte de un trabajador, Cesar Soto, dirigente sindical de Sidor, aseguró que todas las empresas del holding CVG han presentando accidentes sin reportarlos ante Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel).
“Los accidentes no son reportados e Inpsasel tampoco se toma el trabajo de supervisar a las empresas”, lamentó. De acuerdo con Soto, las causas de los accidentes laborales son diversas, entre ellas, la desincorporación de los delegados de prevención de las industrias, la falta de implementos de seguridad y el uso de máquinas obsoletas.
“No se están cumpliendo las practicas operativas y los patronos obligan a los trabajadores a ejercer funciones sin las garantías de seguridad. Si a las autoridades les preocupa la vida de los trabajadores deben dirigirse a las empresas, es la vida la que están en riesgo”, reiteró.
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