Un cabildo multitudinario en la región de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, decidió el domingo continuar con las protestas luego de tres semanas de huelga indefinida por la realización de un censo de población en 2023.
En la víspera el presidente Luis Arce anunció que el censo se realizará el 23 de marzo de 2024 y que la distribución de recursos se hará hasta septiembre de ese año. El censo ayuda a la redistribución de recursos económicos y escaños en el legislativo.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que la medida se mantendrá hasta que se libere a 20 personas que fueron detenidas por la policía en distintos choques durante la protesta.
Además, pidió una ley que garantice “la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones de 2025”, entre otras exigencias.
Poco antes, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, señaló en conferencia de prensa que los resultados del censo sobre población se entregarán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta diciembre de 2024 y que una vez que se lo haga “ya estará en cancha del TSE”. La autoridad solicitó que se levante las protestas.
El conflicto se originó cuando el gobierno determinó postergar el censo que se debía llevar a cabo este mes hasta 2024. Santa Cruz es la región que ha marcado la lucha con sus protestas y otras regiones han realizado marchas y paros de un día, entre otras manifestaciones.
