Efectivamente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reprobó al Fiscal oficialista Tarek William Saab, al considerar que la pantomima representada por èste a través de procesos instaurados ante los tribunales penales venezolanos por crímenes de lesa humanidad, no constituían juicios auténticos, quedando estos postizos procedimientos estancados en los cómplices juzgados que les hacen el juego a la dictadura.
Debe recordarse que, según el artículo primero del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional ejerce su jurisdicción sobre las personas respecto a los crímenes más graves de trascendencia universal, desarrollando un carácter complementario de las jurisdicciones penales de los países que suscribieron el Estatuto.
De lo anterior se deducen dos consecuencias importantes: la primera es que no se trata de determinar las responsabilidades de los países, sino como lo establece textualmente el artículo primero reseñado, de las personas involucradas en tales crímenes y en segundo lugar, que los tribunales penales nacionales están bajo la lupa de la jurisdicción internacional, para ver si están realizando su labor aceptablemente, sino es así entrará la Corte a sustituirlos. Por ello, como se establece en el artículo 4 del Estatuto, la Corte podrá ejercer sus funciones en el territorio de cualquier Estado Parte y por tanto, si los tribunales penales nacionales no quieren o no pueden ejercer sus funciones, podrá enjuiciar y condenar a quien esté implicado en esos crímenes, se trate del Presidente de la República o de cualquier modesto policía, militar o persona involucrada.
El Fiscal Karin Khan ante la Corte Penal Internacional, dejó al descubierto con sus tatuajes a la vista al Fiscal venezolano, al pedir el 1º de noviembre pasado, ante la Sala de Cuestiones Previas que lo autorizan para reanudar la investigación que su Oficina realiza sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Contundentemente demostró que casi el 80 por ciento de los casos están estancados, que en más del 85 por ciento de los casos no se ha identificado a los culpables, que hay un bajísimo número de condenas, apenas el 2, 58 por ciento, por lo cual concluyó que las investigaciones por parte de las autoridades estatales son ineficientes. Es una verdadera farsa destinada a engañar a la jurisdicción internacional, pero parece que Khan no es ningún “agarrado a lazo”.
Lo más grave es que hay una policizaciòn en los procesos de investigación. Este fenómeno identificado por las ciencias criminológicas se produce cuando quienes son señalados como culpables es el policía, militar o funcionario de bajo rango a quien se politiza señalando como culpable y exonerando a los integrantes de la cadena de mando de cualquier responsabilidad. Es evidente que las detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual obedecen como ataque generalizado o sistemático contra una parte de la población civil, como se describe en el artículo 7 del Estatuto, esto es, obedece a una política instaurada por el oficialismo despótico. Esto se evidencia debido a que los jefes de los principales sitios de tortura y de violencia sexual continúan en sus cargos: Alexander Granko Arteaga en la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim, desde 2017; Gustavo González López dirige el Sebin desde 2019; e Iván Hernández Dala se mantiene en la jefatura de la Dirección de Contrainteligencia Militar desde 2014.
Dos graves consecuencias se deducen de lo antes precisado en el sentido de que al estar orquestados todos los órganos de represión ilegítima en una misma actitud que deplora el sentimiento de humanidad por el bestial trato que le dan a sus víctimas, no cabe la menor duda de que se trata de una política implementada de manera sistemática contra la población por la despiadada dictadura que nos asola y la otra consecuencia, es que al mantener en esos cargos a quienes dirigen esos centros de torturas y violaciones, se hace cómplice de ello el Presidente usurpador, Nicolás Maduro.
Con base en estas realidades y estas consideraciones legales que se manejan en las más altas instancias institucionales del mundo occidental es que toca hacer política en Venezuela. Resulta que, debido a estas violaciones de Derechos Humanos, algo que no es una suposición o una declaración volandera de un opositor radical sino una cuestión que reposa en expedientes que cursan en el Tribunal de La Haya, el gobierno de Nicolás Maduro está aislado del conjunto de países democráticos. Sòlo para referirnos a gobiernos que parecieran estar en sintonía con el oficialista madurista se observa Alberto Fernández y Gabriel Boric tomaron distancia del régimen venezolano; Gustavo Petro en su visita se refirió de forma directa a este tema y pidió que Venezuela se reintegrará al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; igualmente Lula Da Silva se ha pronunciado sobre el asunto, lo cual coloca en posición solitaria a Maduro y sus acompañantes. Frente a esta realidad la oposición en Venezuela, buena parte de ella, insiste en decir que Maduro tiene el mapa geopolítico suramericano a su favor y que actualmente está más fuerte que nunca. Falso. El régimen autocrático venezolano está solo, es una molestia para el resto de los países latinoamericanos, entonces lo procedente es buscar que todas estas democracias se pronuncien y apoyen un proceso de elecciones presidenciales libres y transparentes y que estos se hagan sentir en la mesa de negociación de México.
La violación de los Derechos Humanos en Venezuela es un delito que la oposición debe usar como instrumento contundente fuera y dentro del país. La transgresión de todos estos derechos, incluidos los de segunda y tercera generación, debe ser bandera de lucha contra la dictadura, como ya lo hemos expuesto en artículos anteriores.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
