La espada de Damocles que pende sobre el gobierno de Nicolás Maduro y su camarilla en forma personal, son los casos de crímenes de lesa humanidad por la violación de Derechos Humanos (DDHH) que investiga la Corte Penal Internacional. Las grandes derrotas internacionales del régimen venezolano tienen que ver con su descrédito mundial por el atropello reiterado que sufren los DDHH en nuestro país y que hace presionar al oficialismo por parte de los países democráticos del mundo, para que se realicen unas elecciones libres y legalmente efectuadas.
No obstante, el tema de los DDHH no está en el foco de las prioridades nacionales, como sí lo está a nivel internacional y figura como punto principal al referirse al caso Venezuela. Probablemente sea porque en nuestro país la política como instrumento o herramienta de solución de los grandes problemas sociales y económicos esté desprestigiada y el común de las personas considere que los DDHH son parte de la política y que los presos, hostilizados, perseguidos por defender estos Derechos son actores políticos que mantienen una confrontación infructuosa con el gobierno.
Pero sea cual sea la razón para que este tema esencial se posicione como prioridad nacional y logremos conectarnos, sincronizarnos con la visión que de nosotros tienen las democracias del mundo y que nos ven como un familiar en desgracia, es vital y urgente que dimensionemos internamente la violación de los DDHH en Venezuela, que no sólo protege al preso político y a los que se alzan con justicia contra el oprobioso oficialismo.
Ya la Carta de los Derechos Humanos aprobada por la recién instalada organización de las Naciones Unidas en 1948, instrumento fundamental para la dignificación del ser humano, quedó atrás con el reconocimiento de los DDHH de segunda y de tercera generación (derechos económicos sociales y culturales, a un ambiente sano, a la libertad de los pueblos) que se traduce en una vida digna, con una vivienda confortable, trabajo justamente remunerado, servicios públicos eficientes, libertad de expresar el pensamiento y vivir en democracia. La democracia además de su sustrato formal, como es la libertad, tiene un sustrato sustancial que es la realización de los DDHH de sobrevivencia. A pesar del supuesto negado de que en Venezuela hubiera elecciones libres y no hubiera presos políticos, no podríamos decir que vivimos en democracia cuando casi la totalidad de la población zozobra en la miseria.
Ahora bien, el adelanto sustancial del reconocimiento de los DDHH lo dieron las Constituciones modernas con la inclusión implícita de esos Derechos en el ámbito de su protección. Se reconoce explícitamente un derecho cuando éste se precisa claramente en sus límites en la ley o Constitución que lo contemple: derecho a la vida, libre expresión del pensamiento, debido proceso penal, propiedad privada. Pero ese reconocimiento será implícito cuando su inclusión es tácita, sobreentendida, cuando el juez debe precisarse en la realidad, en la vida de la gente.
Lo anterior está reconocido en el artículo 22 de la Constitución y hecho obligación del juez en el sentido de protegerlos en el 27: “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales”. Esto significa que es tarea del juez precisar y satisfacer los DDHH que no están en la ley, pero que andan por ahí, realengos, en la vida de las personas.
Así vemos que los DDHH más allá de proteger a los políticos, sindicalistas, gremialistas o cualquier ciudadano que reclame el cumplimiento de las leyes, busca proteger al ciudadano común en el desarrollo de sus actividades diarias bajo el marco de un Estado eficiente que les garantice una vida digna.
En Venezuela se violan todos estos derechos y de manera masiva. El salario mínimo es un indicador brutal de la extrema pobreza que sufrimos. El caos en los servicios públicos es cotidiano, criminal y humillante. El sistema de salud está en ruinas. No hay libertad de expresión. La pena de muerte, expresamente prohibida en nuestra Constituciones es aplicada por policías y militares durante operativos, ejemplo monumental el caso de Oscar Pérez. En fin, en Venezuela existe una total impunidad en materia de violación de DDHH, no solamente de ciudadanos sin libertad y en custodia del Estado, sino de la generalidad poblacional en una alarmante cantidad que roza el 90 por ciento, quienes se encuentran por debajo de la línea crítica de la pobreza y claman por un cambio económico que le permita al país salir de la ruina. Sin embargo, esta salida la tienen confiscada por el yugo político que imposibilita unas elecciones democráticas donde el pueblo decida de manera libre.
Así tenemos que en Venezuela la violación de los DDHH tanto del sustrato formal como del sustancial de una democracia, es universal y ello tiene que obligarnos a focalizar el tema, empezando por exigir libertad para quienes están detenidos, así como reclamar los derechos que asisten a las mayorías.
Con base en estos argumentos el Movimiento DECODE propone a la plataforma unitaria, que se introduzca en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas un documento donde se coloque a la pobreza extrema que viven los venezolanos como una violación flagrante de los DDHH del pueblo venezolano por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Esta posibilidad se cerraría de manera absoluta si la dirigencia de oposición comete el absurdo disparate e insensatamente extingue la Institucionalidad Interina radicada principalmente en la Asamblea Nacional de 2015 y en los órganos del gobierno interino, como lo planteamos en nuestro artículo de la semana pasada. Si eso sucede, los pocos resquicios por donde podemos dirigirnos formalmente ante los organismos internacionales y ante los países democráticos del mundo, quedarían interceptados por la presencia del oficialismo despótico.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
