Condenar categóricamente el cierre de al menos 90 radioemisoras venezolanas, acordaron los diputados de la Legítima Asamblea Nacional, durante la sesión ordinaria de este martes, quienes se solidarizan con los periodistas, locutores y radiodifusores que han sido censurados y silenciados, por el régimen de Nicolás Maduro, denunciando que esta acción viola flagrantemente el derecho de la libertad de expresión, el derecho al trabajo y garantías constitucionales.
Asimismo, solicitan a los organismos internacionales ejercer medidas de protección y defensa a favor de los medios de comunicación y periodistas que han sido afectados.
El presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la AN, diputado por el partido Primero Justicia (PJ) Avilio Troconiz, denunció que más de 90 emisoras han sido cerradas de forma arbitraria y sin ningún argumento legal, violando flagrantemente los derechos humanos y el derecho al trabajo, en los estados Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Yaracuy, Zulia. De la misma manera, alertó sobre la latente amenaza de la aprobación de una Ley que regula el contenido de redes sociales en el país.
La vicepresidenta de la referida instancia, diputada por el partido Voluntad Popular (VP) Sonia Medina, denunció que en Venezuela se bloquea el acceso a la información en todos sus formatos, incluso plataformas digitales; incautan los bienes y persiguen a periodistas. Hizo alusión a la conclusión expresada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que señala al régimen venezolano de pretender “secuestrar, perseguir y matar la prensa libre”, siendo la forma más eficaz de debilitar la democracia; a su vez, condena la intensificación de prácticas de persecución, criminalización judicial, censura y autocensura ejecutada a través del brazo ejecutor de Conatel.
En virtud de esto, Medina instó al Parlamento Legítimo a “actuar” con la ayuda de las organizaciones internacionales para denunciar y sancionar a los responsables de ejercer la persecución contra la prensa libre en Venezuela y reconoció la valentía de los profesionales de la comunicación social venezolanos.
Mientras que el diputado por el partido Acción Democrática (AD), Eliezer Sirit, se suma a denunciar el acoso contra los medios de comunicación y los periodistas que ejecuta el régimen venezolano, ante la comunidad internacional y denunció sobre la difícil difusión de la información a través de los medios impresos, radiales y televisivos, ya que la mayoría, están secuestrados y reciben directrices por el régimen venezolano, “imponiéndose así, la censura”.
Por su parte, el diputado por el partido Vente de Venezuela (VV), Omar González, propuso impulsar una medida de defensa y protección al libre ejercicio del periodismo en Venezuela.
“Como ente legal, el Parlamento debe solicitar a los organismos protectores de la prensa y la libre expresión del mundo, una actuación en resguardo a la prensa venezolana y, sobre todo, a los periodistas presos, amenazados, amordazados y exiliados”.
Previo a su planteamiento, acusó a Nicolás Maduro de tenerle miedo a la prensa libre y a la opinión independiente de la ciudadanía pensante que reclama sus derechos y recordó que, a través de la Ley Mordaza, algunos medios nacionales e internacionales, fueron prohibidos y sacados de la parrilla televisiva nacional como RCTV, VPITV, CNN, NTN 24, entre otros. González, acusó a Nicolás Maduro de asfixiar a la prensa escrita tradicional con multas, demandas y anegación de dólares para la adquisición de papel.
En el debate realizado vía online, el diputado por el partido Encuentro Ciudadano (EC), Rosmit Mantilla, subrayó que, durante estos 20 años, la oposición venezolana, viene denunciando la persecución contra periodistas venezolanos que están en el exilio y otros injustamente privados de libertad, tal es el caso de Roland Carreño. Así mismo, señaló la compra de medios de comunicación por parte del régimen citando el periódico El Universal; el canal de noticias Globovisión, adquirido por el narco-corrupto Raúl Gorrín. “No hay manera de comunicarle a los venezolanos, que pasa, dentro y fuera de nuestro país, existe una censura que aplica el régimen”, acotó.
Para el diputado por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) Guillermo Palacios, el ejercicio de la profesión del periodismo en Venezuela, “se ha convertido en un riesgo”, a tal punto, indicó, que los comunicadores sociales y los dueños de los medios de comunicación independientes, han optado algunos por autocensurarse y emigrar. En cambio, otros han sido judicializados, amedrentados por los colectivos chavistas-maduristas armados para impedir que sigan funcionando y a su vez, forzados para vender sus activos a testaferros del régimen. “Esto busca impedir la difusión de noticias que revelen informaciones adversas al régimen”, denunció.
