Entre enero y octubre de 2022, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha documentado el cierre de 79 estaciones de radio en todo el país, un promedio de casi 8 emisoras por mes. Salvo un caso en el estado Bolívar, en el resto de los incidentes reportados aparece como responsable la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La acción arbitraria del estado ha afectado 16 de las 24 entidades del país, donde se registran cierres de emisoras, es decir, 66,6% del territorio. Las regiones más afectadas son Zulia (23), Sucre (11), Táchira (10), Cojedes (6) y Falcón (6). Le siguen Yaracuy (4), Carabobo (3), Monagas (3), Anzoátegui (2), Barinas (2), Guárico (2), Nueva Esparta (2), Portuguesa (2), Bolívar (1), Lara (1) y Miranda (1).
Algunos de los cierres fueron denunciados públicamente por el SNTP en la oportunidad en que ocurrieron, mientras que otros forman parte de una relatoría privada por petición de los afectados, quienes alegan temor por mayores represalias o estar en medio de procesos de negociación para retomar las transmisiones.
A partir de la documentación y entrevistas realizadas, fácilmente podemos inferir que han ocurrido más cierres durante estos 10 meses de 2022, pero los directivos de esas radios optan por guardar silencio.
Es importante mencionar los casos de las estaciones Líder 106.7 FM (Carabobo) y Azukar 100.5 FM (Monagas), ambas fueron sacadas del aire por Conatel con el argumento de vencimiento de la concesión pero a los pocos días encendieron sus transmisores y hoy están activas.
En relación a las formas y los argumentos utilizados por Conatel para ordenar el cierre, en todos los casos se evidencia la ausencia del debido proceso y el derecho a la defensa. No existen documentos escritos, citaciones ni órdenes en las que se especifique la instrucción o se detallen la razones.
«Cuando algún funcionario visita las emisoras, constatamos que en ocasiones lo hacen sin identificación y dan órdenes verbales. Sin embargo, en más del 80% de los cierres, Conatel gira instrucciones telefónicamente».
La documentación hecha por el SNTP, a través de sus delegados voluntarios en todos los estados del país, revela que Conatel estaría alegando como causa el vencimiento de las concesiones o la extinción de las mismas. Sin embargo, y también por entrevistas y testimonios recogidos, lo que hay detrás son condiciones y requisitos inviables para los operadores o ausencia de respuesta frente a la solicitudes de renovación y habilitación.
Conatel se vale del silencio administrativo para mantener la presión y la vigilancia sobre las estaciones de radio. Dicho silencio termina convirtiéndose en una negativa para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de información, sin que se ofrezcan explicaciones. Los solicitantes, además, quedan en un limbo que genera censura y autocensura.
El manejo descrito para la asignación y renovación de concesiones es arbitrario. La discrecionalidad de Conatel configura una violación a la libertad de expresión en los términos en que la definen estándares internacionales.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que ¨No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares (…) de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones¨.
