Un total de 81 Organizaciones Civiles y 33 personalidades, en representación del Centro de Justicia y Paz, firmantes de este comunicado expresan su preocupación por las llamativas deficiencias y omisiones que presenta el nuevo marco que regirá la Cooperación de Naciones Unidas en Venezuela para el periodo 2023-2026, acordado entre el régimen Nacional y la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el país,
En efecto, el acuerdo, en primer lugar, no hace mención al contexto socio político en el que tendrá lugar dicha cooperación ni da a conocer la base ni el alcance de las consultas a la sociedad civil u otros actores interesados. En un país en el que la emergencia humanitaria compleja no solo se mantiene, sino que se profundiza, es imperativo y responsable considerar el conflicto social y político como la base o causa fundamental de dicha emergencia. El presente marco de cooperación no debe ser instrumentalizado para normalizar esta crisis.
El documento, en segundo lugar, no respeta los fundamentos y contenidos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Los marcos de cooperación de las Naciones Unidas son el instrumento más importante con que cuenta dicha organización para la planificación, coordinación y ejecución de las acciones para el desarrollo y el impulso de la Agenda 2030, compromisos asumidos por los estados miembros en las Naciones Unidas en el año 2015 y que establecen un conjunto de 17 objetivos, metas e indicadores para avanzar en la superación de desafíos que enfrenta la humanidad en el presente y en el futuro del planeta.
Estos objetivos son interdependientes y tienen su centralidad en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, así como en la erradicación de la pobreza, el impulso del desarrollo económico y la protección del ambiente, en un marco de construcción de paz y cooperación. En contextos frágiles, con profunda desestructuración de las capacidades por el debilitamiento de las instituciones, como lo es hoy el caso de Venezuela, cumplir con el Objetivo 16, referido a la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, implica hacer un amplio esfuerzo entre los múltiples actores para llevar adelante un proceso de reformas estructurales que permitan rescatar la gobernabilidad democrática, el estado de derecho y la eficacia y capacidad de rendir cuentas.
El Objetivo 17, establece la necesidad de la cooperación y las alianzas que son imprescindibles para alcanzar los contenidos de toda la agenda. Los marcos de cooperación deben expresar una acción con base a la realidad de los contextos en los cuales se aplica y deben cumplir con cinco objetivos claves:
Articular la respuesta colectiva del sistema de Naciones Unidas para facilitar que los países puedan abordar los problemas que plantean las brechas (pobreza, desigualdad, género, tecnológicas, entre otras) y establecer prioridades para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, en contextos de profunda fragilidad causada por conflictos prolongados, como lo es el de Venezuela.
Encarnar el espíritu de cooperación y alcanzar alianzas que incluyan, además de los gobiernos, al resto de las partes interesadas, tales como las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado.
No dejar a nadie atrás, significa hacer de este desiderátum, algo tangible, garantizando los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas pertenecientes a los grupos afectados por la emergencia humanitaria compleja, abordando, a la vez, las privaciones de derechos de carácter estructural.
Reforzar los medios para asegurar inclusión (respeto a la diversidad, incorporación con respeto a los derechos y participación) sobre todo en los medios de vida sostenibles (referidos a la capacidad de las personas para darse su propio sustento y el de su entorno familiar), abordando al mismo tiempo las causas estructurales de las desigualdades y la violencia.
Asegurar que los equipos de Naciones Unidas cuenten con las herramientas para adaptar las respuestas a la escala de las necesidades y realidades específicas del país en cuestión, de forma de asegurar el cumplimiento de la Agenda y encaminar un proceso de restauración de capacidades, conforme a los estándares de derechos y las recomendaciones de los órganos internacionales de protección.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, las organizaciones firmantes consideran imperativo que, en el marco de la firma del nuevo marco de cooperación, se garanticen las siguientes acciones:
Se explicite el contexto socio político en el que se firma el Acuerdo, de forma de facilitar la acción concertada de los múltiples actores nacionales y los organismos de protección y cooperación internacional.
Se incorpore, en el marco de dicho contexto, el conjunto de recomendaciones que diversos mecanismos de seguimiento y protección de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas han realizado en los últimos once años al Estado venezolano, tales como las emanadas de los Comités de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal (EPU), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión de Encuestas de la OIT y la Comisión Interamericana de DDHH, entre otros.
Se reconozcan los problemas estructurales que, en materia de derechos humanos y justicia, persisten en Venezuela. La aproximación al conflicto venezolano debe incluir como prioridad la búsqueda de justicia como parte de la construcción de paz. Para asegurar el acceso a la justicia para toda la ciudadanía es necesaria la creación y el fortalecimiento de instituciones efectivas, independientes y responsables en todos los niveles, con apego a los principios de los derechos humanos en implementación del Objetivo 16.
Se comprenda que para alcanzar la convivencia democrática se requiere construir una ruta electoral que garantice la realización de elecciones auténticas, que incluya las recomendaciones realizadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y del Panel de Expertos de Naciones Unidas para las elecciones regionales del 2021.
Se adopte la perspectiva de los nexos, como el marco fundamental para el abordaje de los problemas de los países en situaciones de crisis sostenidas, como lo es el caso de Venezuela, de forma de articular la acción humanitaria, el desarrollo, la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, para dar respuestas que alivien el sufrimiento y no causen más daño, respetando en todo momento los mandatos y medios de cada sistema.
Se aseguren los mecanismos de participación activa de toda la sociedad venezolana en el proceso y se faciliten los medios para el seguimiento y la rendición de cuentas, de forma de no dejar a nadie atrás, al decir en el lenguaje de la Agenda, asegurando la interconexión, la indivisibilidad, la inclusión y la cooperación entre las múltiples partes interesadas.
